Finalmente, Petita Albarracín puede pensar en su hija luego de 20 años de su muerte…

Isabela Ponce · GK

Cuando escucha, Petita Albarracín se toca la mano izquierda con la derecha, inquieta. Para hablar, reposa sus dedos, con sus uñas pintadas de rosado pálido, sobre una mesa. Las respuestas de la mamá de Paola Guzmán son cortas. Han pasado casi 20 años desde que su hija ya no está, y apenas uno y medio desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano como responsable de su muerte. “Después de esta sentencia yo me sentí más tranquila”, dice Petita Albarracín, pausada y escueta, en una de las oficinas del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Guayaquil, en el sur de la calurosa ciudad portuaria. Desde agosto de 2020, cuando se publicó el fallo, hasta hoy, ha repetido en varias entrevistas que con ese documento al fin se limpió el nombre de su hija y se la reconoció como lo que fue: una víctima. 

Petita Albarracín, de ojos delineados y cansados, recuerda los viajes que hizo en la última década en búsqueda de justicia: Estados Unidos, Costa Rica, Colombia. Sonríe cuando menciona a su hija Denisse, a su hermana que vive en Nueva York. Se ríe al hablar de su perrito que parece french poodle y tiene poco más de nueve años. Pero se le corta la voz cada vez que menciona a su Paolita, como a veces le dice a su hija, que hoy tendría 35 años. 

En 2002, Paola del Rosario Guzmán Albarracín se suicidó. La adolescente tenía problemas académicos y el vicerrector del colegio público femenino al que asistía le ofreció ayudarla a cambio de que saliera con él. El acoso, como se detalla en un reportaje que reconstruye el caso, empezó en 2001, cuando Paola Guzmán tenía 14. Según contó una amiga del colegio, un día ella entró a la oficina del vicerrector, Bolívar Espín, y él la arrinconó contra su escritorio, la besó y la obligó a tocarle sus genitales. En octubre de 2002 empezó a violarla. Paola Guzmán Albarracín quedó embarazada y, al enterarse, Espín la obligó a abortar. Como condición para practicarle la intervención, el médico al que Espín la llevó, también la violó.

Los abusos que sufrió Paola Guzmán Albarracín la llevaron a que ingiriera diablillos —un compuesto tóxico en forma de pastillas que se usa para fabricar pirotecnia caseros— y muriera luego de no ser atendida a tiempo por el personal del colegio y del hospital al que llegó agonizando. Luego de la muerte, su padre, Máximo Guzmán, denunció a Espín por acoso sexual, violación e instigación al suicidio; un año después Petita Albarracín se sumó como denunciante particular.

Petita Albarracín, la mamá de Paola Guzmán, sostiene una foto de su hija Paola, durante la audiencia de la CIDH. Fotografía de la CIDH.

Desde el comienzo, Petita Albarracín sintió que nadie le daba respuestas, ni en el Ministerio de Educación ni en la justicia penal. En 2003, cuando la Fiscalía solicitó la detención de Espín, la orden se cumplió 10 días después. Él ya se había fugado. En diferentes momentos, en 2003 y 2004, el juez encargado ordenó la prisión preventiva de Espín, pero nunca fue detenido. En 2005, una jueza suspendió el procedimiento hasta la comparecencia o captura del vicerrector. 

Entre los documentos del proceso adminsitrativo, hubo uno del Supervisor Provincial de Educación que concluyó que “no existía prueba de que el Vicerrector haya correspondido al ‘enamoramiento’ de Paola”, ignorando el componente de violencia sexual. En otros documentos del Ministerio de Educación a Paola le imputaron conductas de “seducción al vicerrector” ignorando, una vez más, el poder que él —un hombre 50 años mayor a ella y una figura de autoridad en su colegio— tenía sobre ella. 

Agotada por la falta de respuestas de las instituciones públicas, Petita Albarracín denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006, con el apoyo de Cepam Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos. Fue el primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo que admitió este organismo internacional. 

Nueve años después, en 2015, fue la audiencia de fondo en la CIDH —en la que Petita Albarracín tuvo que recordar lo que ocurrió en 2002, y a la que el Estado ecuatoriano no asistió. 

Los representantes del Estado ecuatoriano estuvieron ausentes en audiencia de la CIDH en el caso de Paola Guzmán Albarracín, en 2015. Fotografía de la CIDIH.

En 2019 la Comisión lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2020, la Corte publicó su sentencia en la que reconoció la vulneración de los derechos de Paola y la responsabilidad del Estado, por el derecho a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y dignidad, a la educación, y a vivir una vida libre de violencia y discriminación basada en género. 

Una sentencia que hoy, dice Petita Albarracín, sentada en la oficina de Cepam que lleva su nombre, la hace sentir “alegre por ella y por su familia”.