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La Bancada UNES busca activar el proceso de muerte cruzada para destituir al presidente Guillermo Lasso

(GK) El duodécimo día del paro nacional en Ecuador —que aún no parece encontrar rumbo ni acuerdos en firme— comenzó, este viernes 24 de junio de 2022, con un anuncio de la bancada correísta Unión por la Esperanza: va por la muerte cruzada. Los legisladores de aquella coalición aseguraron, en sus redes sociales, que firmaron el trámite “para adelantar elecciones”, amparados en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución. Con el inicio del proceso, los asambleístas buscan destituir al presidente Guillermo Lasso por “grave crisis política y conmoción interna”, según lo fija la carta magna.

Asambleístas como Pabel Muñoz, Fausto Jarrín, Victoria Desintonio y Marcela Holguín replicaron un mismo texto en sus cuentas de Twitter: “Yo, asambleísta, acabo de poner mi firma para adelantar elecciones de acuerdo con el artículo 130.2 de la Constitución. Mi cargo a disposición de mi pueblo, ¿qué harán los otros 136 asambleístas”.

El anunció de la bancada correísta llega después de una intensa serie de movilizaciones en Ecuador, que ha dejado ya cinco personas fallecidas, decenas de manifestantes, policías y militares heridos. El jueves 23 de junio se convirtió en el día más violento del paro nacional. Miles de manifestantes, liderados por mujeres, volvieron al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pasadas las doce del día. Fue una movilización pacífica, llena de canto y baile, mientras el gobierno también hablaba de diálogo.

Pero la tranquilidad duró poco. La movilización indígena llegó hasta la Asamblea Nacional a las dos de la tarde, pero la policía dijo que ningún legislador estaba ahí sesionando. Ahí comenzaron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

Más de mil personas estaban en el parque El Arbolito. Un grupo de manifestantes intentó quebrar las vallas que custodiaban al edificio de la Contraloría, mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos desde la avenida 6 de Diciembre, e incluso desde el edificio de aquella institución. Una bomba se detonaba cada minuto. Todos miraban al cielo, para evitar ser impactados. En botellas y canecas contenían los protestantes a las bombas.

En ese parque fue impactado con perdigones el manifestante Henry Quezada, egresado del colegio Mejía. Los paramédicos intentaron ayudarlo desesperadamente, pero no lo lograron. Su fallecimiento fue confirmado por la noche.

¿Qué dice el artículo 130 de la Constitución? 

Aquel artículo habilita al Legislativo a destituir al presidente de la República —en este caso, Guillermo Lasso— por dos causales:

  • Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
  • Por grave crisis política y conmoción interna.

El procedimiento que sigue para el trámite, en cambio, está normado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el artículo 51 de aquella ley se establece que el pedido debe ser presentado al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con al menos el respaldo de la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El legislativo está conformado por 136 asambleístas; 46 sería el tercio del total. En las filas de la coalición UNES hay 47 legisladores dentro de la Asamblea.  

Una vez entregada la solicitud, es Virgilio Saquicela quien debe convocar a una sesión en el pleno de la Asamblea con al menos 24 horas de anticipación. La secretaría general del Legislativo es quien debe notificar a la Presidencia.

De acuerdo con la hora y fecha fijada para la sesión, el Presidente puede ejercer su derecho a la defensa ante el Legislativo. Si el Presidente decide no comparecer, la norma establece que el proceso de destitución “seguirá en rebeldía”.

Después de la intervención del presidente en el pleno, debe retirarse y el presidente de la Asamblea declarará abierto el debate. Allí, cada legislador deberá exponer sus argumentos en máximo diez minutos.

Luego de finalizar el debate, la Asamblea deberá resolver el proceso en un plazo máximo de 72 horas. De ser destituido, quien debe asumir es el vicepresidente de la República. En este caso, sería el médico Alfredo Borrero.

La normativa establece que podrá ejercer la presidencia “por una sola vez durante el período legislativo, en los tres primeros años de este”.

Siete días después de publicarse la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral, según fija la Ley de la Función legislativa, convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. El sufragio debe concretarse en un plazo de noventa días después de realizarse el llamamiento.

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