Agente de tránsito fue abusada sexualmente en un control vial; Tribunal dictó una pena de 3 años
Agente de tránsito fue abusada sexualmente en un control vial; Tribunal dictó una pena de 3 años para el agresor
Era el 1 de enero de 2019 y Sofía (nombre protegido), agente civil de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (Emov-EP) iniciaba sus labores junto con su compañera en la avenida España y Sebastián de Benalcázar, en Cuenca. Jhon H. caminaba por la zona y, cuando vio a las uniformadas, decidió caminar hacia ellas y abusar sexualmente de la vigilante: tocó sus glúteos. A casi un año del ataque, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay dictó una pena privativa de libertad de 3 años para el agresor, que deberá cumplirla en una cárcel ecuatoriana. Lo informó Fiscalía la mañana del martes 1 de diciembre del 2020. Durante el juicio, la fiscal Valerie Rojas, quien lideró la investigación del caso, expuso cómo se desarrolló la agresión. Su condición de funcionaria pública no la blindó ante el ataque del hombre. Sofía y su compañera intentaron detenerlo, pero el agresor huyó. Entonces, solicitaron el apoyo de agentes de la Policía Nacional. Los efectivos patrullaron la zona hasta encontrar a Jhon H. El hombre todavía caminaba por las calles y fue detenido en la parada de taxis del Terminal Terrestre de Cuenca. La fiscal Rojas, además, presentó una serie de elementos que probaron la culpabilidad del hombre: testimonios de la compañera de Sofía, de los policías que detuvieron al agresor y del agente que realizó el reconocimiento del lugar de los hechos.
Asimismo, se analizaron y expusieron los testimonios de psicólogas de Fiscalía, quienes evaluaron a Sofía y a Jhon H. Jhon H. fue procesado por el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica al delito de abuso sexual. «La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años», reza la normativa. Además, el Tribunal dispuso el pago de USD 500 que el ahora sentenciado deberá cancelar como parte de la reparación integral de Sofía. ElComercio.com
