Para Byron Villacís, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las banderas rojas alrededor del censo de población y vivienda 2022 estuvieron levantadas desde el comienzo —como la obligatoriedad de entregar el número de cédula—. Por eso, él como otros ex directores del INEC y especialistas piden que no se usen los datos del censo, que se publicaron el 21 de septiembre de 2023, hasta que se haga una auditoría independiente que revise los resultados.

En esta entrevista, Villacís detalla los principales problemas del censo que, para él, empezaron antes de que se visiten las casas. También da cuenta de los posibles escenarios que estos resultados podrían tener en la distribución de las rentas en el país y en la planificación del Estado.

¿Cuáles fueron las primeras fallas que detectó en el censo de 2022?

Las primeras advertencias vienen por un cambio metodológico que, per se, no tiene nada de malo. Pero cuando tratas de hacer algo nuevo con proyectos logísticamente muy complejos, tienes que hacer un piloto antes.

El INEC probó esta metodología en un pueblito chiquito de la Costa y no permitió que nadie fuera de ellos evaluara lo que pasó con el piloto. Esa fue la primera bandera roja porque nos hizo pensar, como observadores, que querían ocultar información.

Luego llegó el tema de pedir el número de la cédula…

Sí, y sabíamos que no era necesario incluir eso en las preguntas del censo[Villacís ya se refirió a este punto en una entrevista anterior a GK]. Por eso decido enviarle una carta al presidente Lasso donde le digo “mire no es necesario, y si lo mantienen, sólo tomen en cuenta que esto va a causar rechazo por parte de la población. Ustedes solitos se van a estar sacando el cordón del zapato y se pueden tropezar”. Pero no hicieron caso.

¿Qué otros problemas, de acuerdo a usted, se fueron dando en el proceso?

Hubo una mala estrategia de comunicación porque esta metodología en particular [un censo que iba a durar varios meses y no un sólo día] necesitaba que la gente en Ecuador supiera cómo iba a ser.

Además, no se respetó el requisito más elemental de esta metodología que era, por ejemplo, cumplir con la ventana de tiempo. Si era del 1 de octubre al 1 de diciembre, debió ser entre esas fechas. Hoy en día estamos viendo las consecuencias de por qué no se respetó esa ventana. Pero bueno, empiezan con esa ventana y fallan en la estrategia de comunicación, eso es otra bandera roja.

Por otro lado, muy poca gente se enteró que ya se estaba censando. Y hasta hoy sigue existiendo gente que dice que no se enteró del censo porque no hubo una estrategia de comunicación fuerte y seria.

Entonces, el rato que empiezan a hacer el censo, la gente rechaza hacerlo por el tema de la cédula y no le recibe a los chicos que estaban mal capacitados. Chicos que fueron maltratados, a quienes no les dieron uniformes y quienes, por primera vez en la historia de los censos del país, tuvieron que hacer una huelga para que les pagaran.

Y en vez de que termine en diciembre, los representantes del INEC dicen “no vamos a terminar el 15 de diciembre”. Después llegó enero, febrero, marzo e inclusive se levantó información en agosto.

¿Cómo afecta, a nivel práctico, este atraso?

Esto ha causado dos problemas muy graves y permíteme utilizar una metáfora para explicar de qué se trata. Hay que imaginarse que el Ecuador es un edificio. Si te vas a comprometer a censar tienes que pedirle a la gente que te avise cuándo va a entrar y salir del edificio. Como fallaron en el proceso de comunicación, mucha gente no fue censada en el lugar que debía ser censada. Y ya como estábamos advertidos de que no se iba a censar a 18 millones de habitantes, aquí dejaron sin censar dos pisos de ese edificio. Así uno podría pensar que “algo van a hacer, seguramente” [para arreglarlo]. Pero empezaron a negar que había problemas.

Pero los problemas siguieron pasando porque una cosa es decir que se ha censado a toda la gente del edificio y otra es pensar en qué piso corresponde cada persona. Porque es posible que alguien de Quito se haya cambiado a Guayaquil.

Se han pasado casi un año censando y en ese tiempo la gente se mueve.

Así que no sólo que el edificio tiene muchos pisos y no fue censado en su totalidad, sino que la gente que fue censada en el piso 5 fue censada dos veces, porque bajó al piso 3 y la volvieron a censar.

Además, hubo gente que no fue censada, a la que sólo le pegaron el sticker en la puerta. Cuando ya la cosa fue desesperante empezaron a pegar los stickers, porque el control que ellos tenían era pasar y ver quién fue cesado, pero literalmente sólo fue ir y pegar el sticker.

Todo esto provocó a que censen a menos población.

Entonces, ¿fue un censo mal hecho?

Para decir que un censo está bien hecho o mal hecho normalmente hay que compararlo con lo que pensaste con una proyección. Es decir, tenías una proyección antes del censo, y si seguimos con lo del edificio, pues tomamos en cuenta las alícuotas, y estimamos que en el edificio viven 100 personas. Luego, al final del censo dices: “mira, censé 95 y al comparar con mi proyección, mi cobertura fue del 95%”.

Al INEC se le ocurre hacer este censo de los 18 millones de habitantes, pero sólo llegan a censar alrededor de 15 millones y medio. Y en lugar de decir “bueno, no censamos a tres millones, hay que tomar una decisión urgente”, empiezan a imputar.

¿Qué significa imputar en este caso? 

Imputar es una palabra un poco técnica, pero significa que empiezan a utilizar fuentes secundarias para reemplazar datos, como por ejemplo tomas de agua o tomas de luz. Y  empiezan a asumir que hay cierta población en cierto lugar, pero no sé si se dan cuenta de que si hay una toma de luz en un departamento, yo no puedo saber cuánta gente vive aquí, no puedo saber el sexo, o las edades, o si hay personas indocumentadas.

Peor en el caso de preguntas más complejas que el censo preguntó, y que dijimos que iban a causar problemas, como el tema de identidad de género. Juro que ganarán un Nobel mañana si demuestran cómo con una toma de agua van a imputar la identidad de género. Es una cosa absurda.

¿Y cómo resuelve, según usted, esa incongruencia entre los datos finales del censo y las proyecciones?

Pues debían llegar a esos 18 millones y no se les ocurre mejor decisión que decir que ese dato estaba mal y que no somos 18 millones, sino un poco menos. Entonces ya no tengo con qué comparar. ¿Qué evitan con eso? Que no digan que no censaron a 3 millones de personas.

Ahora salen en los medios a decir que somos 16.9 millones de personas, pero no dicen la verdad de esos 16.9. Ya están incluyendo estas fuentes secundarias, entonces la población censada es menor. Estimamos que dejaron sin censar entre 500 mil y un millón de personas, porque censaron a 15 millones de personas de las 18. Ya eso da un margen de error demasiado alto para un censo.

¿Eso explicaría muchos de los resultados que el censo arrojó?

Sí, porque se te descuadran los números. Es como con los contadores de la oficina: cuando alguien coge plata para algo que no corresponde, se lo podría arreglar sacando el dinero de otro lugar. Pero si empiezas a quitar ya de varios sitios, el contador te va a decir “oye, no me están cuadrando las cifras”. Y claro, la gente empieza a darse cuenta de lo que pasa.

Por eso es imposible que se les caiga la población afrodescendiente en un 50%. No tiene sentido que yo me identifique como afro en 2010 y después, en 2022, resulta que me identifico como mestizo. Si hubiera un error en esta variable, normalmente sería al revés. Pero aquí salen a decir que no hay muchos afros.

Ni siquiera pueden decir que tuvieron un problema en Esmeraldas y que no pudieron censar a todos.

Para ellos, lo mejor es arreglar el problema justificando su resultado, diciendo que la población afro ha caído un 50%, y no hay país en el mundo en el que haya pasado eso.

Luego están descuadrando algunas ciudades que debían haber crecido, como Quito. Pero para evitar la comparación dicen que la población no creció tanto y lo justifican usando algo que todo el mundo sabe y es que las mujeres tienen cada vez menos hijos. Pero eso no nos enteramos este mes, lo sabemos desde hace 30 años y se llama transición demográfica.

No es justificable lo que están haciendo, no es aceptable el trabajo y lo único que pedimos es que se audite.

¿Se refiere a la veeduría que están pidiendo públicamente?

Sí, no entendemos por qué no quieren que se audite de forma independiente. Cuando se les pide que se audite, ellos dicen “no, tenemos ya evaluadores que son de universidades”. Pero lo que no te dicen es que esos evaluadores son seleccionados por ellos y a los evaluadores no se les permite acceder a toda la información. Eso no es una auditoría. Hay una diferencia entre ser consultor y ser auditor.

Es como no permitir que se audite a cualquier contratista del Estado, al que le mandan a hacer una carretera y que entrega seis meses tarde con la mitad del ancho y con otro material. Acá, con otra metodología, lo mínimo que te van a decir es: “oiga, ¿podemos auditar esto?” Pero no, acá quieren que esto pase por sus propios consultores, que no son auditores, y así justificar este debate.

Por eso es que pedimos esta veeduría.

No sólo las reacciones han sido de expertos o de activistas, sino también de la ciudadanía en general…

Sí, el interés no es sólo a nivel de gente experta o interesada. También de la ciudadanía en general diciendo ¿qué pasó? Estamos hablando de dinero público, de un trabajo mal hecho, de un montón de consideraciones que creo que conforme vayan pasando los días va a ir creciendo la preocupación. No sé si decir desamparo y enojo frente a lo que ha pasado, porque termina siendo un absurdo.

Mira, hay dos cosas que la gente no se da cuenta todavía. La primera es que el censo decide sobre cuántos asambleístas tiene cada provincia. Si tú me decías que tenemos 18 millones y ahora me dices que tenemos 16,  algunas provincias van a perder asambleístas. Y eso va a tener un golpe directo sobre la participación política.

Los partidos políticos se van a quejar y con mucha justa razón. Mucha población te va a decir: “un ratito, yo soy ciudadano del distrito de Quito, que merece un número equis de asambleístas y ahora usted me dice que no es que ni siquiera merezco más sino que merezco menos”. Eso va a causar muchos problemas políticos.

El segundo problema es que el censo sirve para distribuir rentas del Estado central, que tiene un presupuesto y dice “okay, ¿cómo reparto esta plata?” Y se usa el número de la población. Por eso, si vienes y me dices que en Guayaquil ya no hay tres millones y medio sino dos millones 700 mil habitantes, inmediatamente le estás quitando plata a la gente.

Así que el primer efecto negativo es que le quitas representación política al ciudadano común y el segundo efecto negativo es que le quitas plata a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Lo que significa menos plata para obra social.

El tercer efecto es que cuando un alcalde o un prefecto o quien sea, hasta el propio Presidente próximo, diga que va a hacer un proyecto de agua potable y supone que en cierto territorio hay 50 mil personas, pues hará 50 mil tomas. Pero, ¿si son más personas en esa zona?

¿Hay alguna ventaja de que el INEC diga que somos menos personas?

Mmm, un punto podría ser el indicador de éxito. Ya que los proyectos que no alcanzaban a un 50% de la población, alcanzarán al 60 o al 70%, qué sé yo. Con eso termino siendo un mejor gobernante sin haber hecho literalmente nada, porque estoy simplemente ante un cambio en el denominador.

Con este tema nos van a decir que estamos mucho mejor, pues estamos menos poblados. Nos van a decir que las cosas están mejor, cuando en realidad no se censó a todos.

¿Más allá de la auditoría que se pide, qué se puede hacer?

Después de eso, hay que hacer un conteo.

¿A qué se refiere con un conteo?

En países muy grandes se hace un censo cada 10 años, pero cada 5 se hace un conteo. Mientras que en el censo hablamos de muchas preguntas y suele ser hasta cansón, en el conteo se preguntan sólo cuatro cosas, concentras la comunicación y le pides a la gente que un domingo se quede en casa, apelas al civismo y le preguntas sobre cuánta gente hay en casa, las edades y el sexo. Te demoras literalmente dos minutos en hacer la entrevista y eso te permite tener un conteo de la población.

Sí, es un presupuesto extra, pero es muchísimo más barato y te permitirá tener una película más clara de lo que pasa en el país.

¿Eso se debería hacer pronto porque tenemos elecciones en un año y 5 meses?

No creo que suceda eso porque te van a decir que no hay plata, que ya gastaron.

Entonces, ¿nos toca sobrellevar los problemas que este censo podría causar?

Sí, definitivamente tendríamos que aguantar las consecuencias de este censo. Los problemas que va a generar los tenemos ya, se quedarán con nosotros. Al menos dos o tres años van a tener impactos políticos.

Es cuestión de tiempo para que los indígenas demanden, para que los afros demanden y con justa razón. Perdón, pero imagínate que te digan que perteneces a una etnia, que sientas la necesidad de tener un sentido de cohesión social y de pronto te dicen: son 50% menos, ¿dónde queda todo el tema de acciones afirmativas?

Esto no es sino una bomba molotov que están creando por un error de cobertura.

¿Cuando dices “demanda”, te refieres a demandas públicas o sociales, o a demandas dentro del sistema legal?

Hablo de demandas en tribunales. Tú puedes apelar a organismos públicos para que se respeten tus derechos de participación, de que puedas pertenecer a grupos. Por ejemplo, si antes decían que eran 100 millones y ahora son 50 mil, es una regresión de derechos y se puede demandar en instancias judiciales.