Ecuador: Juez declaró la prescripción del homicidio culposo de Valentina Cosíos.
La familia de la niña cuestionó y apeló a la decisión del juez Máximo Ortega
Ruth Montenegro siente que la justicia ecuatoriana ha vuelto a fallarle. Hoy, pasadas las dos y media de la tarde, el juez penal Máximo Ortega declaró la prescripción del homicidio culposo de su hija, la niña Valentina Cosíos.
La prescripción es una de las formas de terminar un proceso penal y se da cuando, a criterio del juez, ha pasado el tiempo establecido en la ley para que se inicie la acción judicial contra los presuntos responsables. Esta tarde, la decisión de Ortega benefició a cinco de los seis procesados en este caso, que se inició después de que Valentina Cosíos, de 11 años, fuese hallada muerta el 24 de junio de 2016 en la escuela Global del Ecuador en Quito, donde estudiaba.
La fiscal Mayra Soria, quien impulsa la investigación, apeló la decisión. Lo mismo hizo Ruth Montenegro. Ahora, habrá que esperar a que la Corte Provincial de Pichincha fije fecha para la audiencia de apelación, en la que se conocerá si la decisión es revocada o queda en firme.
Según el juez Ortega, se cumplieron los cinco años desde que el caso comenzó a investigarse, lo que implicaría que prescribió. Por ello, decidió no llamar a juicio a los acusados:
- Carlos de la Bastida, director de la Unidad Educativa Global del Ecuador, donde Valentina Cosíos fue hallada muerta, y
- Las docentes Katherine Jiménez, Vielka Ponce, Gabriela Cevallos y Lucía Chalá.
La profesora Daiana Muñoz sí podría ir a juicio porque fue la primera vinculada en el caso, en junio de 2021. Sin embargo, el juez Ortega decidió no dar una resolución sobre ella. Aseveró que debe esperar a la resolución de la apelación en la Corte Provincial.
El artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que en los casos en que se ha iniciado el proceso penal, la acción prescribirá en “el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad”. Ese tiempo se deberá contar desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de cinco años. En este caso, el homicidio culposo es sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión.
Para la abogada Ana Cristina Vera, directora del Surkuna, una organización dedicada al apoyo y protección de los derechos humanos, la interpretación del juez Ortega es inadecuada. “Existe una acción penal única y el proceso inicia cuando comienza la instrucción fiscal”, dice Vera. Según su argumento, el caso no podría prescribir porque la ley ordena que el plazo se cuente desde que empezó la instrucción fiscal, que en este caso arrancó el 10 de junio de 2021 para una de las procesadas.
Sin embargo, el juez Ortega declaró que estaba prescrito para todos los demás procesados porque fueron vinculados en septiembre de este año. “En derecho hay muchas formas de interpretación, pero esta fue sesgada y Ortega no tomó en cuenta todo el artículo que establece que la acción comienza con la instrucción fiscal”, dijo Vera. Según la Fiscalía, la audiencia preparatoria de juicio se hará luego que la Corte Provincial resuelva la apelación.
Así se dio la audiencia en que fue declarada la prescripción
La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio duró apenas una hora, después de haber sido suspendida la semana pasada. Hoy, 9 de diciembre, la diligencia fue corta y en la sala 405, del Complejo Judicial Norte, hubo tensión.
Ruth Montenegro, con la imagen de su hija en brazos, miraba fijamente al juez. Vestía un pantalón verde, pues hoy también estuvo en las afueras de la Asamblea Nacional para apoyar a los grupos activistas y sociales que buscan que el legislativo ecuatoriano cumpla con la orden que le dio la Corte Constitucional y apruebe la ley que regule el aborto en casos de violación. Calzaba unos zapatos rojos, símbolo contra la violencia contra las mujeres.
Cuando se conoció la resolución del juez Ortega, los acusados aplaudieron y rieron. Dos policías, que custodiaban la audiencia, se mantuvieron en silencio. Ruth Montenegro sin levantarse, serena, elevó la imagen de su hija.
Los agentes se dirigieron a ella y le exigieron que baje el cartel que ha llevado desde hace cinco años en cada manifestación y protesta por la memoria de su hija. “Señora, por favor, un poco de respeto”, le dijo uno de ellos. Ella respondió: “es la imagen de mi niña”. Él uniformado continuó con su exigencia. “¿Respeto?, ¿usted me pide respeto? Nadie respetó la vida de mi hija y usted me exige respeto”, dijo Montenegro. “Cobardes, se dictó la prescripción de la vida, pero nadie les quitará la responsabilidad”, dijo mirando a los acusados.
“Yo le pregunto al juez Máximo Ortega, ¿qué fácil es dictar prescripción cuando de por medio hay una vida que se perdió?”, dijo Ruth Montenegro. “La responsabilidad de cada una de esas seis personas no se lo quita nadie y el hecho real es que como madre de Valentina he tenido que vivir la muerte de mi niña. Eso no lo borra nadie”, afirmó, visiblemente indignada y frustrada. Montegro afirmó que continuará su lucha por su hija, una pequeña que esperaba cautivar escenarios con su flauta traversa.
“Valentina fue asesinada porque quienes debían cuidarla incumplieron las normas de cuidado, porque el rector de su escuela y sus maestras la dejaron sola y generaron un riesgo desproporcionado, sabiendo que en esa escuela entraba un montón de gente, sabiendo que no era un lugar seguro”, dijo la abogada Vera.
Un reportaje a profundidad sobre la muerte de Valentina Cosíos y la insistencia de su madre por justicia fue publicado en GK en octubre de 2021. (GK)
