La corrupción en tiempos de pandemia no para.
por editordenuncia
julio 2020
La corrupción en tiempos de pandemia no para. Donde se pone el dedo sale pus. En abril pasado, Mariuxi Romero Guaranda, jefe de servicios institucionales de la Superintendencia del Terminal Petrolero El Salitral, compró mascarillas con un sobreprecio del 300%.
INVESTIGACIÓN | Camila Bravo, Julio 12 de 2020
El Ecuador ha sido gobernado históricamente por políticos que se han servido del cargo antes que servir al ciudadano que les dio su voto en las urnas para que lo representen y velen por sus derechos.
En tiempos de pandemia se han tomado varias medidas impensables, pero todas -según nos aseguran- son para resguardar nuestra salud. Sin embargo, esto es lo que menos les importa a ciertos políticos que actúan delictualmente en complicidad con funcionarios públicos.
Mientras muchos ecuatorianos morían y vivían con temor a no ser contagiados o a perder un familiar, a ser despedido o a cerrar su negocio, corruptos y corruptores se enriquecían a través de contratos con sobreprecio para la adquisición de insumos médicos, bolsas para cadáveres, mascarillas, kits alimenticios y demás.
«Mientras muchos ecuatorianos morían, corruptos y corruptores se enriquecían a través de contratos con sobreprecios».
Uno de estos funcionarios es Mariuxi Romero Guaranda, jefe de servicios institucionales de la Superintendencia del Terminal Petrolero El Salitral, conocido como SUINSA. Romero adquirió 600 mascarillas para el personal que opera en la entidad por un valor de $ 6 cada una, sumando un total de $ 4032 incluido IVA. La solicitud la realizó mediante Memorando Nro. MTOP-ADMS-2020-0194-M a Nataly Jara Ramos, jefe financiero, el 09 de abril de 2020.
Seguido a esto, el Departamento Financiero de la entidad, autorizado por la máxima autoridad, emite la certificación presupuestaria Nro. 50 del ítem 530805 Materiales de Aseo, con cargo al presupuesto institucional vigente de 2020. Es decir, los funcionarios de la Superintendencia no cuestionan en lo absoluto el alto precio de las mascarillas que pretende adquirir Romero.
Proforma emitida por Ecualimpieza S.A. para la compra de mascarillas.
El 17 de abril, el Coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jean Polo Cirani Dávila, emite el Memorando Nro. MTOP-CGAD-2020-318-ME dirigido a todas las zonas desconcentradas de la Institución, entre ellas, a la Superintendencia El Salitral, en el que especifica el valor referencial de las mascarillas: de $ 1.50 a 2.50 por unidad.
«El Coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas especifica el valor referencial de las mascarillas de $1.50 a 2.50 por unidad».
Sin embargo, Romero decide hacer caso omiso a dicho Memorando y dos días después, solicita al Superintendente Xavier Medina, autorizar el pago de la primera entrega de mascarillas al proveedor Ecualimpieza S.A. con número de RUC 0992989661001, mediante Memorando Nro. MTOP-ADMS-2020-0207-M. Con esto, Romero adquiere las mascarillas para el personal de Suinsa con un sobreprecio del 300 %.
«Romero adquiere las mascarillas para el personal de Suinsa con un sobreprecio del 300 %».
Lo escandaloso del caso, no es solo que se ignora el precio real de las mascarillas dispuesto por el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino que desde finales de marzo, antes que Romero solicite la compra de las mascarillas por un valor $ 6 cada una, se supo de las irregularidades en los contratos efectuados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante la pandemia.
El IESS pretendía adquirir mascarillas a un precio unitario de $ 12. Ahí se reveló que algunos hospitales, entre esos, el Hospital Napoleón Dávila adquirió mascarillas N95 a un precio de $ 2,10. Es decir, ya existían referentes públicos, no obstante, ningún precio referencial o escándalo de corrupción precedente detuvo a Romero y a su proveedor de celebrar el contrato.
Nuevamente, en el primer día del mes de julio, Mariuxi Romero solicita la compra de 1500 mascarillas, pero esta vez a un valor unitario de $ 3,75, sumando un total de $ 6300 incluido IVA, mediante Memorando No. MTOP-ADMS-2020-0389-M. En este selecciona a la persona natural José Pinchin Soriano con número de RUC 0911936938001, cuya actividad económica es la “venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas ropas deportivas” como el proveedor más conveniente. Así, el precio dispuesto por el MTOP es una vez más ignorado.
Al parecer la pandemia de la corrupción es tanto o más grave que la del Covid-19. Seguro que como Mariuxi Romero hay cientos o miles de funcionarios que han hecho su agosto en estos meses de pandemia en un Estado corrupto que actúa en contubernio con corruptores privados ante la impavidez de los organismos de control como la Fiscalía y la Contraloría.
«Existen decenas de casos como este que seguramente quedarán en la impunidad»
Lo más lamentable es que existen decenas de casos como este que seguramente quedarán en la impunidad. Las autoridades llamadas a ejercer justicia creen que con una renuncia al cargo de los acusados es suficiente, el escándalo mediático dura a lo mucho una semana y después de eso, no volvemos a escuchar del tema ni de las sanciones, terminamos pues, por admitir y adoptar a la corrupción como algo normal en nuestra sociedad.
¿Merecemos vivir en la barbarie, en la corrupción, en la impunidad? Yo estoy segura que no.
INVESTIGACIÓN | Camila Bravo,
Publicada en julio 29, 2020 por editordenuncia
La corrupción en tiempos de pandemia no para. Donde se pone el dedo sale pus. En abril pasado, Mariuxi Romero Guaranda, jefe de servicios institucionales de la Superintendencia del Terminal Petrolero El Salitral, compró mascarillas con un sobreprecio del 300%.
INVESTIGACIÓN | Camila Bravo, Julio 12 de 2020
El Ecuador ha sido gobernado históricamente por políticos que se han servido del cargo antes que servir al ciudadano que les dio su voto en las urnas para que lo representen y velen por sus derechos.
En tiempos de pandemia se han tomado varias medidas impensables, pero todas -según nos aseguran- son para resguardar nuestra salud. Sin embargo, esto es lo que menos les importa a ciertos políticos que actúan delictualmente en complicidad con funcionarios públicos.
Mientras muchos ecuatorianos morían y vivían con temor a no ser contagiados o a perder un familiar, a ser despedido o a cerrar su negocio, corruptos y corruptores se enriquecían a través de contratos con sobreprecio para la adquisición de insumos médicos, bolsas para cadáveres, mascarillas, kits alimenticios y demás.
«Mientras muchos ecuatorianos morían, corruptos y corruptores se enriquecían a través de contratos con sobreprecios».
Uno de estos funcionarios es Mariuxi Romero Guaranda, jefe de servicios institucionales de la Superintendencia del Terminal Petrolero El Salitral, conocido como SUINSA. Romero adquirió 600 mascarillas para el personal que opera en la entidad por un valor de $ 6 cada una, sumando un total de $ 4032 incluido IVA. La solicitud la realizó mediante Memorando Nro. MTOP-ADMS-2020-0194-M a Nataly Jara Ramos, jefe financiero, el 09 de abril de 2020.
Seguido a esto, el Departamento Financiero de la entidad, autorizado por la máxima autoridad, emite la certificación presupuestaria Nro. 50 del ítem 530805 Materiales de Aseo, con cargo al presupuesto institucional vigente de 2020. Es decir, los funcionarios de la Superintendencia no cuestionan en lo absoluto el alto precio de las mascarillas que pretende adquirir Romero.
Proforma emitida por Ecualimpieza S.A. para la compra de mascarillas.
El 17 de abril, el Coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jean Polo Cirani Dávila, emite el Memorando Nro. MTOP-CGAD-2020-318-ME dirigido a todas las zonas desconcentradas de la Institución, entre ellas, a la Superintendencia El Salitral, en el que especifica el valor referencial de las mascarillas: de $ 1.50 a 2.50 por unidad.
«El Coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas especifica el valor referencial de las mascarillas de $1.50 a 2.50 por unidad».
Sin embargo, Romero decide hacer caso omiso a dicho Memorando y dos días después, solicita al Superintendente Xavier Medina, autorizar el pago de la primera entrega de mascarillas al proveedor Ecualimpieza S.A. con número de RUC 0992989661001, mediante Memorando Nro. MTOP-ADMS-2020-0207-M. Con esto, Romero adquiere las mascarillas para el personal de Suinsa con un sobreprecio del 300 %.
«Romero adquiere las mascarillas para el personal de Suinsa con un sobreprecio del 300 %».
Lo escandaloso del caso, no es solo que se ignora el precio real de las mascarillas dispuesto por el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino que desde finales de marzo, antes que Romero solicite la compra de las mascarillas por un valor $ 6 cada una, se supo de las irregularidades en los contratos efectuados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante la pandemia.
El IESS pretendía adquirir mascarillas a un precio unitario de $ 12. Ahí se reveló que algunos hospitales, entre esos, el Hospital Napoleón Dávila adquirió mascarillas N95 a un precio de $ 2,10. Es decir, ya existían referentes públicos, no obstante, ningún precio referencial o escándalo de corrupción precedente detuvo a Romero y a su proveedor de celebrar el contrato.
Nuevamente, en el primer día del mes de julio, Mariuxi Romero solicita la compra de 1500 mascarillas, pero esta vez a un valor unitario de $ 3,75, sumando un total de $ 6300 incluido IVA, mediante Memorando No. MTOP-ADMS-2020-0389-M. En este selecciona a la persona natural José Pinchin Soriano con número de RUC 0911936938001, cuya actividad económica es la “venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas ropas deportivas” como el proveedor más conveniente. Así, el precio dispuesto por el MTOP es una vez más ignorado.
Al parecer la pandemia de la corrupción es tanto o más grave que la del Covid-19. Seguro que como Mariuxi Romero hay cientos o miles de funcionarios que han hecho su agosto en estos meses de pandemia en un Estado corrupto que actúa en contubernio con corruptores privados ante la impavidez de los organismos de control como la Fiscalía y la Contraloría.
«Existen decenas de casos como este que seguramente quedarán en la impunidad»
Lo más lamentable es que existen decenas de casos como este que seguramente quedarán en la impunidad. Las autoridades llamadas a ejercer justicia creen que con una renuncia al cargo de los acusados es suficiente, el escándalo mediático dura a lo mucho una semana y después de eso, no volvemos a escuchar del tema ni de las sanciones, terminamos pues, por admitir y adoptar a la corrupción como algo normal en nuestra sociedad.
¿Merecemos vivir en la barbarie, en la corrupción, en la impunidad? Yo estoy segura que no.
INVESTIGACIÓN | Camila Bravo,
Así operaba la red de Mendoza: 19 nombres, entre funcionarios y amigos
[primicias.com] 23 julio.- Funcionarios de la Asamblea, del Secob, amigos de Daniel Mendoza y constructores. Todos formaron la red de presunta corrupción que se tomó las obras hospitalarias en Manabí. Desde tres frentes operaba la red de corrupción comandada por el exasambleísta Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero, según las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado: Asamblea Nacional Servicio de Contratación de Obras (Secob) Consorcio Manabí – Pedernales 19 personas han sido vinculadas, hasta este momento, por el juez Marco Rodríguez al caso por presunta delincuencia organizada, en la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales. Juez dicta prisión preventiva contra asambleísta Eliseo Azuero A través de escuchas telefónicas, transcripción de chats y seguimientos personales, la Fiscalía ha identificado cuál era el rol de cada una de estas personas en el caso.
A través de escuchas telefónicas, transcripción de chats y seguimientos personales, la Fiscalía ha identificado cuál era el rol de cada una de estas personas en el caso.
En la red aparece un asambleísta, un exlegislador, un exasesor legislativo, seis exfuncionarios del Secob, tres trabajadores del Consorcio Pedernales – Manabí, al que se le adjudicó la obra, y siete personas cercanas al círculo de Mendoza. Sus labores iban desde la dirección de la red, la coordinación, la efectivización de cheques, la logística, la adjudicación de obras y el desvío de dinero. A continuación, el diagrama del funcionamiento de la red: Volume 90% Sin embargo, a la Fiscalía todavía le quedan varias semanas de instrucción fiscal y podrá -de ser el caso- incluir más nombres en el caso. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Núcleo Manabí, por ejemplo, considera que se debe vincular a Luis Felipe Abarca Jaramillo, quien tiene a su cargo la subdirección de Contratación del Secob.
En una carta enviada a Darwin Espinoza, administrador temporal del Secob, Julio Villacreces, coordinador de la CNA, lamentó que Abarca siga en su cargo siendo el responsable por la falta de vigilancia en los procesos contractuales. Además, de los audios de conversaciones entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero se desprendieron otros nombres de funcionarios públicos cuya posible vinculación al caso todavía debe ser establecida. Se trata de la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el presidente de la Asamblea, César Litardo; y siete legisladores más de la bancada de Azuero. Franco Romero Loayza, Freddy Alarcón Guillin, Washington Paredes Torres, Rosa Verdezoto Reinoso, Raúl Tello Benalcázar, María Mercedes Cuesta, Fernando Burbano Montenegro.
Entre el jueves 23 y el viernes 24 de julio, los nueve funcionarios declararán ante la Fiscalía -de manera libre y voluntaria- sobre lo que conocen del caso. “Voy a defenderme con alma, vida y corazón” De los nueve funcionarios que han sido convocados para declarar, luego de que sus nombres aparecieran en las conversaciones de Azuero y Mendoza, solo tres se han referido públicamente al caso. El último en hacerlo fue el legislador Freddy Peñafiel, quien subió un vídeo a redes sociales explicando que, si no ha contestado su teléfono es porque está viajando a Quito, para cumplir con su declaración. Volume 90%
En una entrevista en radio Majestad FM de Quito, Raúl Tello, otro de los legisladores citados, aseguró que no ha llegado a acuerdos con el Gobierno y que se someterá a todas las investigaciones necesarias. La ministra Romo, finalmente, a través de un tuit garantizó su asistencia al llamado de la Fiscalía.
Pedernales, Bahía y ¿Manta?
De las primeras investigaciones de la Fiscalía, se conoce que la red de Mendoza no solo operó alrededor del Hospital de Pedernales. También tuvo injerencia en las obras del Hospital de Bahía en las que una empresa de Franklin Calderón, alias ‘Banquero’ y mano derecha de Mendoza, se quedó con el contrato de fiscalización. En el expediente, José Santos, alias ‘Chófer’, otro de los cercanos a Mendoza, comenta en un chat que el exlegislador recibió USD 2 millones por tres hospitales.
Hasta el momento, no se conoce cuál es la tercera obra hasta la que los tentáculos de Mendoza y su red se extendieron. Pero, ya hay las primeras pistas. Julio Villacreces, titular de la Comisión Anticorrupción en Manabí, asegura que -de manera extraoficial- un miembro del Gabinete Ministerial aseguró que tienen algunas sospechas de que Mendoza tuvo injerencia en las obras de repotenciación del Hospital Rodríguez Zambrano, de Manta. Por esta razón, la CNA y el Comité Cívico Interinstitucional de esa ciudad empezaron una investigación a profundidad del caso. Anteriormente, el Comité Cívico ha denunciado varias irregularidades en el proceso precontractual y contractual de esa obra. Incluso, a través de un amparo legal, se logró que los trabajos se detengan momentáneamente. Villacreces dice que hay varias coincidencias en el proceso del Hospital de Manta, respecto a lo que ocurrió en Pedernales. La que más llama la atención es que, al igual que en el segundo caso, en Manta se entregó el 50% del costo de la obra a manera de anticipo a la empresa que está a cargo. Además -dice Villacreces- el costo de la obra que bordea los USD 27 millones es más alto que el rubro del Hospital de Pedernales. Es decir, se pudo hacer una casa de salud nueva en lugar de repotenciar la existente.
En febrero de 2020, la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, visitó el Hospital de Manta y anunció su repotenciación. MSP El 28 de junio de 2020, el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner recorrió el Hospital de Manta. Vicepresidencia En febrero de 2020, la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, visitó el Hospital de Manta y anunció su repotenciación. MSP El 28 de junio de 2020, el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner recorrió el Hospital de Manta. Vicepresidencia En febrero de 2020, la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, visitó el Hospital de Manta y anunció su repotenciación. MSP El 28 de junio de 2020, el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner recorrió el Hospital de Manta. Vicepresidencia El Hospital de Manta tuvo daños en el terremoto de 2016. Y en febrero de 2020, la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, anunció el inicio de los trabajos de arreglos y repotenciación. Según el Servicio de Contratación Pública, el 13 de junio de 2019 se adjudicó la obra por USD 25,9 millones a la empresa Constructora Vicente Rodríguez. La adjudicación se hizo a través de una licitación. Además de este Hospital, esta empresa tiene 10 contratos con el Estado.
Dos de estos contratos adicionales son también con el Secob. Uno para la construcción de la tercera etapa del Hospital de Lago Agrio y el otro para la terminación del bloque A, el ala 3 y el subsuelo del Hospital de Portoviejo, en Manabí.
LA MALA TOS DEL MILLONARIO CONTRATO DE MASCARILLAS
Redacción Periodismo de Investigación | 03 de julio del 2020
Isidoro Ricardo Martínez Velásquez, no necesitó de ninguna empresa, su solo nombre fue una expresión de solvencia económica y ética que garantizaba la suscripción de un contrato de $9.9 millones, para la provisión de 2 millones de mascarillas quirúrgicas, a un precio de $4,98 la unidad. Así lo entendió la máxima autoridad de salud, en momentos en que médicos y enfermeras se contagabian y morían por falta de tapa bocas.
El 29 de mayo de 2020, con la certeza de que Martínez era el único que podía proveer esos insumos, se firmó el contrato y le entregaron $4.4 millones (45%) de adelanto.
Con esa plata, Isidoro salió a buscar mascarillas, pero solo tenía dinero para 1 millón, es decir, la solvencia que le dio el Gobierno. Un día después de vencido el contrato, Martínez pudo contratar con otro intermediario, el millón de mascarillas a $3,80 cada una, $3.8 millones.
Esta es la historia de un Estado que le prestó dinero a un vendedor de humo con palanca oficial, quien se salvó de contagiarse de peculado gracias a un especial lavado de manos gubernamental.
Lo reveló Periodismo de Investigación en la nota titulada “EL NARCO LE METE MANO A LOS CONTRATOS DEL ESTADO”.
En medio de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y agudizada por la falta de insumos médicos, el Ministerio de Salud firmó un contrato por $9.9 millones, para la compra de 2 millones de mascarillas (respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% quirúrgico con mascarilla de filtrado), a un costo de $ 4,98 la unidad.
El contrato fue suscrito el 29 de mayo de 2020, por Miguel Ángel Guevara Yulán, en representación del ministro Juan Carlos Zevallos y el proveedor (intermediario) Isidoro Martínez Velásquez, a quien se le entregó un anticipo de $ 4.4 millones, el 45% de valor del contrato.
El plazo establecido señaló que los respiradores debían entregarse en los siguientes 15 días, una vez pagado el anticipo, es decir, entre el 15 y 19 de junio de 2020, según explicó a este medio el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos, en nuestra nota publicada el 9 de junio.
En aquella ocasión, Zevallos desestimó irregularidades en el proceso, aseguró que se contaba con información que les permitió saber que ese contrato no tenía sobreprecio y dijo que el proveedor Isidoro Martínez cumpliría con los plazos contractuales.
Al cierre de esta edición se conoció que Martínez no tuvo la solvencia económica para adquirir los 2 millones de mascarillas ofertadas, por lo que el Ministerio de Salud debió terminar el contrato de mutuo acuerdo para evitarse mayores problemas.
«Ni siquiera he imaginado ese escenario, el proveedor estuvo calificado en todas las instancias del concurso y bajo esa línea firmó un contrato que tiene que cumplirse, no sé qué pensar si no se lleva a cabo”, señalaba el 9 de junio el ministro Zevallos.
Periodismo de Investigación conoció que Martínez únicamente entregaría un millón de mascarillas, las mismas que en este momento, según fuentes oficiales están en proceso de desaduanización.
Recordemos que la principal razón por la que Isidoro Martínez se adjudicó el contrato fue porque aseguró contar con la capacidad para entregar los dos millones de mascarillas para uso médico en las Unidades de Cuidados Intensivos del país en los tiempos establecidos en el contrato.
Esas eras las condiciones primordiales que exigía la emergencia sanitaria, incluso el precio podía ser relativo a la demanda del mercado. Y justo esas condiciones básicas (plazo y cantidad) no fueron cumplidas.
Zevallos se había tomado el tiempo para que la contratación no sea un fracaso, incluso aseguró que por un principio de transparencia no realizó la compra bajo régimen especial.
El ministro tenía esperanza que la adquisición se concretara sin inconvenientes, porque la salud del personal médico dependía de ello. “Esa contratación se determinó en base a una necesidad y al cumplimiento de una ficha técnica, baso mi precio en el plazo de entrega, porque me pueden decir que cada respirador le doy a $1,75 pero le traigo en 2022, señaló al referirse a los cuestionamientos de este portal.
Sin embargo, ese criterio de garantía de plazo de nada sirvió porque Isidoro Martínez no cumplió, pues hasta el 2 de julio el ministerio no recibe ni siquiera el millón de respiradores, estos están en camino.
El contrato venció el 22 de junio y para poder cumplir con el Ministerio de Salud, al día siguiente, el 23 de junio, Isidoro Martínez Velásquez recién alcanzó a firmar un contrato con la empresa RNL Investments Group LLC, de Estados Unidos para adquirir supuestamente 2 millones de respiradores (N95 1860 3M) a $ 3,80 la unidad.
Una diferencia de $ 1,18 entre el valor pagado por Martínez al proveedor norteamericano y el valor fijado al Ministerio de Salud ($4,98).
Del documento queda en evidencia que Martínez adquirió las mascarillas a $3,80 cada una, a otro intermediario. Lo que se desconoce es quién fue el proveedor de RNL Investments Group LLC, firma creada en Florida el año 2017 que según el reporte público cuenta con apenas 2 empleados.
Nuestro medio obtuvo una cotización del proveedor autorizado por el fabricante 3M, de los respiradores médicos N95 requeridos por el ministerio. La proforma 34930 de 8 de junio de 2020 señala un precio de $1,62 cada mascarilla.
El contrato entre Martínez y RNL Investments Group LLC sumó $ 7, 6 millones y estableció que una vez pagada la importación, el proveedor entregaría los insumos dentro de los próximos 10 días, es decir recién el 3 de julio de 2020.
Esta negociación tampoco se concretó porque Martínez no consiguió el 100% del dinero para pagar la importación. En su bolsillo solo tenía el adelanto que le dio el Ministro de Salud. Finalmente, Martínez logró importar un millón de respiradores que, según un funcionario del MSP, serán entregados en los próximos días.
El valor de esa importación bordea los $ 3. 8 millones, cifra que está por debajo de los $ 4.4 millones que entregó el Ministerio en calidad de adelanto. A simples cuentas, Martínez por el negocio fallido tiene en su bolsillo una diferencia de $ 600.000. Si el contrato de $9.9 millones se hubiese cumplido, considerando el precio pactado por Martínez con la LLC de USA, el poderoso intermediario hubiera sumado a su haber $2.3 millones.
Al final, el proceso no benefició al Ministerio de Salud como habían planeado las autoridades, al contrario, fue el contratista el que resultó favorecido, pues sin tener un centavo en el bolsillo y mucho menos la capacidad de entrega inmediata de los insumos se adjudicó la millonaria negociación, entregó lo que pudo, bajo sus términos y tiempos y ganando, al parecer, $1,18 por cada respirador. Esta es otra historia de como ganar dinero en tiempos de pandemia sin zafarse el nudo de la corbata.
Daniel Salcedo y sus amigos: negocios, viajes y una vida llena de lujos
(Vistazo)Daniel Salcedo, quien fue procesado por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos para el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los Ceibos, en Guayaquil, y que recientemente sufrió un accidente aéreo en la avioneta que viajaba de incógnito desde Ecuador a Perú, también ha causado revuelo por las fotos de su vida de lujos y viajes.
En las fotografías divulgadas en redes sociales, se ve a Salcedo y sus amigos disfrutando en diversas partes del mundo: en las playas de Miami (Estados Unidos), en las Bahamas, Chile o hasta en París; incluso, se grababan con drones cuando paseaban en yates.
Salcedo, de 32 años y divorciado, huía con su novia, Jocelyn Mieles Zambrano, una exMiss Ecuador y exparticipante de ‘realitys’, al igual que otros de sus amigos, tales como Oswaldo Vargas y José Cordero, quienes participaron en el conocido programa Combate.
Algunos de sus amigos estaban vinculados a la farándula ecuatoriana, y, de acuerdo con un reportaje de Teleamazonas, también habrían mantenido negocios en común.
En el caso de Oswaldo Vargas, en noviembre del año pasado él inauguró el restaurante «Combate el hambre», ubicado en las calles 4 de Noviembre y las 16, sur de Guayaquil. Se conoce que también tiene un local de micheladas.
Otro exreality y amigo de Salcedo, Jhon Alex Álava estaría relacionado en el negocio de las canchas sintéticas y un bar restaurante ubicado en la Garzota, norte de la ciudad. Además, inauguró en su momento dos restaurantes, y en la actualidad se dedica al negocio de mantenimiento de vehículos.
Mientras que César Rodríguez, quien también viajaba en la avioneta (fue rescatado, pero nunca ingresó al hospital, y tampoco fue expulsado hacia Ecuador), ha acompañado a Salcedo a París, Bahamas, Panamá, Miami, y en su último y accidentado viaje a Perú.
Salcedo también es amigo del exlegislador Dalo Bucaram Pulley, y socio del hermano de este, Michelle Bucaram Pulley, según informó el propio Dalo en una rueda de prensa la noche del 7 de junio, desde la casa en la que entonces vivía en Miami, propiedad de Salcedo.
Este lunes 15 de junio, una semana después del accidente, la madre de Daniel Salcedo Bonilla, Katty Bonilla, logró ingresar al Hospital Guayaquil para ver a su hijo, quien estaría grave de salud. Previamente, decenas de personas se concentraron en los exteriores, para denunciar que el joven estaba prácticamente secuestrado, rodeado con agentes armados.
“El joven Salcedo se encuentra en un estado de indefensión. Está en un estado de salud crítico”, manifestó la abogada de Salcedo, Luz María Pico.
Mediante una providencia, el juez de la causa, dispuso oficiar al Director del Hospital Guayaquil, para que “cumpla con mantener a dicho ciudadano procesado Daniel Josué Salcedo Bonilla, mientras dure la necesidad médica y, de ser el caso, de alguna intervención quirúrgica y solamente con el alta médica podrá ser trasladado hasta el centro carcelario Quito No. 4”.
La Fiscal del caso señaló que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició esta investigación con base en un parte policial que informaba sobre la compra de fundas para cadáveres por parte de Hospital de Los Ceibos, a un costo de 148,50 dólares cada una, cuando en el mercado su valor ronda los 12. Esta adquisición forma parte de una contratación por 870.000 dólares, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.
LAS EMPRESA PUBLICAS QUE SE ELIMINAN: TAME A LIQUIDACIÓN, FERROCARRILES DEL ECUADOR, CORREOS DEL ECUADOR.
Siete empresas públicas: Ferrocarriles del Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento se eliminarán como parte de la estrategia de reducción del sector público. Así lo anunció hace pocos minutos el presidente de la República Lenín Moreno, en cadena nacional. Adicionalmente, la empresa TAME, que ha tenido pérdidas por $ 400 millones, entrará en liquidación. Sin embargo, se mantendrán las rutas estratégias que no tengan alternativas privadas.
Aunque sin decir cuáles, el Primer Mandatario también anunció que se eliminarán o fusionarán 10 ministerios. Estos se suman a los 43 que ya han sido eliminado en este Gobierno dijo.
Ferrocarriles del Ecuador EP, tras 10 años de creación, será eliminada
Tras el anuncio de eliminación de Correos del Ecuador, ¿qué pasará con los envíos pendientes de entregar?
Una vez oficializado el decreto donde se fija la extinción de Correos del Ecuador Empresa Pública, la duda de los ciudadanos gira en torno a qué pasará con los envíos que aún quedan pendientes por entregar.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información emitió un comunicado al respecto en el que detalla que la empresa continuará brindando el servicio postal durante el proceso de supresión. Esta Cartera de Estado recalcó que asumirá «el compromiso de avalar que, la prestación de servicios postales durante este proceso de supresión, se efectúe de manera óptima en pos de los requerimientos ciudadanos».
«Por ley y por convenios internacionales estamos obligados nosotros a seguir cumpliendo, como Estado me refiero, dar el servicio postal universal y esto no se va a perder, es decir, vamos a seguirlo manteniendo bajo una estructura totalmente distinta a la que actualmente tiene la Empresa Pública Correos del Ecuador», dijo en una entrevista radial Marco Ávila, coordinador de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
El Mintel indicó que se hará un concurso público de concesión, abierto y transparente en el cual las competencias de Correos del Ecuador se trasladarán a la administración de una empresa privada. Por esto el Estado espera recibir un rédito similar al proceso que ocurre con la figura del espectro aplicado a las operadoras de telecomunicaciones.
Los principales activos con los que cuenta Correos del Ecuador son la planta y los equipos que tienen un valor de 20 512 861,89 dólares. La empresa será liquidada y los activos que queden pasarán al Ministerio de Telecomunicaciones. (EL UNIVERSO)
