LOS DIEZ SENTENCIADOS DEL CASO PURGA
(GK) El caso Purga es parte de una investigación de la Fiscalía sobre presunta delincuencia organizada dentro del sistema judicial, que se destapó tras el caso Metástasis —en el que fue detenida Mayra Salazar y cuyos chats permitieron abrir el caso Purga—. Su objetivo fue esclarecer posibles actos ilícitos en la justicia y determinar la existencia de una red delictiva que habría operado para beneficiar intereses de terceros e, incluso, del narcotráfico.
La madrugada del 4 de marzo de 2024, la Fiscalía y la Policía realizaron un operativo en la provincia costera del Guayas, en el que 12 personas fueron detenidas, entre ellas, Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC); Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y jueces.
Tres meses después, el 4 de junio de 2024, la Fiscalía vinculó a 13 personas más al caso Purga. Y el 23 de enero de 2025, el juez nacional Javier de la Cadena llamó a juicio a 19 de los procesados.
Entre ellos estaban Muentes, Gallardo, el juez Johan Gustavo Marfetán, y la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal en calidad de líderes de la organización. Los otros 15, que eran funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otras instituciones, fueron investigados como “colaboradores del delito de delincuencia organizada”.
Los 10 sentenciados del caso El 3 de marzo de 2025, en medio del feriado de Carnaval, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó las sentencias contra 10 de los 13 procesados del caso Purga. Otros seis implicados están prófugos.
1. Pablo Muentes
Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), era uno de los líderes de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 13 años y 4 meses de prisión.
En la audiencia de formulación de cargos, del 5 de marzo de 2024, la fiscal Diana Salazar dijo que en la cúpula del grupo de delincuencia organizada estaba Pablo Muentes, quien como asambleísta había “establecido relaciones” con la ex presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y Johan Marfetán, juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
Además, Salazar dijo que los tres habrían contratado a Mayra Salazar, relacionista pública dedicada a la comunicación política, que trabajó como asesora de Comunicación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien ya fue sentenciada por el caso Metástasis. Según la Fiscalía, con el objetivo de controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos desde la Corte de Justicia de Guayas en beneficio de Muentes.
PUBLICIDAD
Según la Fiscalía, algunas de estas decisiones judiciales beneficiaron económicamente y de forma directa a Muentes, a los demás involucrados y a terceros, que también habrían cometido otros delitos como prevaricato, tráfico de influencias, cohecho y fraude procesal.
Muentes tendrá que pagar una multa de 40 salarios básicos unificados: 18.800 dólares. Y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 20 años.
2. Fabiola Gallardo
Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, era otra de las líderes de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal la sentenció a 13 años y 4 meses de prisión.
En el segundo testimonio anticipado de la relacionista pública Mayra Salazar consta que Gallardo buscó hacer acercamientos con procesados en casos en los que ella, como jueza, podía intervenir. Entre ellos, el de Daniel Salcedo —procesado por el caso Metástasis y sentenciado por actos de corrupción en el sistema hospitalario de Ecuador. Él conoció a Gallardo a través de Mayra Salazar. Tan pronto se conocieron, Salcedo le habría ofrecido a Gallardo 150 mil dólares que serían repartidos entre dos jueces y Gallardo, a cambio de un fallo judicial a su favor.
Uno de los jueces con los que se pensaba repartir el soborno se negó, por lo que la operación no se pudo concretar. Sin embargo, Salcedo y Gallardo siguieron en contacto.
La ex presidenta de la Corte Provincial de Guayas también pretendía tener un acercamiento con Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal de Los Choneros. Según la fiscal Diana Salazar, Gallardo pensaba intervenir en una apelación por el traslado de Fito, desde la cárcel regional hacia la Roca —el Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad. Fito cumplía una condena de 34 años de prisión por tráfico de estupefacientes, asesinato y delincuencia organizada, pero se escapó el 7 de enero de 2024.
Mientras Mayra Salazar trataba de contactarse con Fito, Gallardo había encontrado la forma de acercarse al abogado de Los Choneros, Ronald Cantos. Tras ese contacto, Fito habría enviado a Gallardo una cadena con una esmeralda y 6 mil dólares. Después, Gallardo agendó la apelación del traslado de Fito y, al tiempo, fue la fuga del líder de la organización criminal.
Mayra Salazar también dijo que Gallardo, a cambio de un fallo judicial a favor de un caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, recibió botellas de whisky, chocolates y estatuillas de bronce —de un militar montando a caballo y sosteniendo una bandera de Ecuador. Estos habrían sido entregados a cada uno de los jueces implicados en el fallo. Gracias a ello, el piso del salón de “Los Presidentes” del edificio de la Corte Provincial de Guayas también fue cambiado.
Gallardo tendrá que pagar una multa de 40 salarios básicos unificados: 18.800 dólares. Y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 20 años.
3. Johan Marfetán
Johan Marfetán, ex juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, era otro de los líderes de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 13 años y 4 meses de prisión.
Según la Fiscalía, Marfetán desempeñó un papel central en la red de delincuencia organizada. Fue acusado de manipular procesos judiciales para favorecer a personas vinculadas al narcotráfico y a figuras políticas.
En el caso Metástasis, Marfetán fue mencionado en conversaciones extraídas del celular de Leandro Norero, un reconocido narcotraficante que fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Estas conversaciones sugieren que Marfetán habría recibido sobornos de más de 140.000 dólares para ordenar sentencias favorables a familiares de Norero, incluyendo la ratificación del sobreseimiento de la madre del narcotraficante en un caso de lavado de activos.
Marfetán también tendrá que pagar una multa de 40 salarios básicos unificados: 18.800 dólares y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 20 años.
4. Reinaldo Cevallos
Reinaldo Cevallos, ex juez de primer nivel de Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, fue uno de los colaboradores de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 9 años y 4 meses de prisión.
Según la Fiscalía, Cevallos emitió un fallo a favor del ex asambleísta Pablo Muentes en una acción de habeas data—permite a las personas conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en archivos y bancos de datos— contra el Banco del Pacífico, alegando que el banco vulneró sus derechos y garantías constitucionales. Este fallo ordenó al banco registrar documentos de pago que la entidad consideraba falsificados, lo que permitió a Muentes y a su esposa obtener una indemnización de aproximadamente 4 millones de dólares.
Además, en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo consta que el 8 de junio de 2020, Cevallos —quien envió a prisión a Salcedo por el delito de peculado— le habría pedido 300 mil dólares para darle arresto domiciliario en lugar de que lo lleven a la cárcel.
Salcedo dijo que no accedió porque le pareció demasiado dinero, así que decidió fugarse en una avioneta que se estrelló y con la que pretendía llegar a Perú.
Después del accidente y de que saliera a la luz su intento de fuga, según Salcedo, volvieron —no especificó quiénes— a pedirle 5.000 dólares para enviarlo a casa a recibir las terapias por costillas y una clavícula rota, producto del accidente aéreo, en el que murió el piloto. El resto de ocupantes, Salcedo y Jocelyn Mieles —su novia en ese momento— resultaron heridos.
Salcedo se negó a pagar los 5.000 dólares. Aún convaleciente, el 28 de julio de 2020 fue trasladado al Centro Penitenciario de El Inca, en Quito. Salcedo presume que se trató de una represalia por no haber entregado el dinero, aunque no especificó por parte de quién.
Entonces, Salcedo se comunicó con el juez Reinaldo Cevallos, quien le propuso “mejorar su estadía” con un traslado a la cárcel 4 de Quito a cambio de 100 mil dólares. Negociaron y al final se acordó su traslado por 70 mil dólares. El dinero fue entregado en la casa de Cevallos, dijo Salcedo.
Cevallos deberá pagar una multa de 20 salarios básicos unificados: 9.400 dólares, y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años.
5. Henry Taylor Terán
Henry Taylor Terán, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, fue otro de los colaboradores de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 9 años y 4 meses de prisión.
Según la Fiscalía, Taylor Terán fue parte del tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una acción de protección contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de Quito. A cambio de este fallo, la entonces presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, habría recibido la remodelación del piso del salón de “Los Presidentes” del edificio de la Corte Provincial de Guayas.
PUBLICIDAD
Taylor deberá pagar una multa de 20 salarios básicos unificados: 9.400 dólares, y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años.
6. Nelson Ponce Murillo
Nelson Ponce Murillo, ex juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fue otro de los colaboradores de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 9 años y 4 meses de prisión.
Según la Fiscalía, Ponce Murillo, junto a otros funcionarios judiciales, participó en la manipulación de procesos legales con el objetivo de favorecer intereses de terceros y beneficiarse de ello.
Ponce también deberá pagar una multa de 20 salarios básicos unificados: 9.400 dólares, y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años.
7. Guillermo Valarezo
Guillermo Valarezo Coello, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, fue otro de los colaboradores de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 9 años y 4 meses de prisión.
Según la Fiscalía, Valarezo, así como el juez Henry Taylor Terán, fue parte del tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una acción de protección contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de Quito. A cambio de este fallo, la entonces presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, habría recibido la remodelación del piso del salón de “Los Presidentes” del edificio de la Corte Provincial de Guayas.
Valarezo deberá pagar una multa de 20 salarios básicos unificados: 9.400 dólares, y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años.
8. Juan Riofrío
Juan Riofrío, ex comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue otro de los colaboradores de la estructura de delincuencia organizada, según la Fiscalía. El Tribunal lo sentenció a 9 años y 4 meses de prisión.
Según la Fiscalía, Riofrío habría colaborado con la organización delictiva que manipulaba procesos judiciales en beneficio propio.
Riofrío también deberá pagar una multa de 20 salarios básicos unificados: 9.400 dólares, y perderá sus derechos de participación política y no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años.
9. Alberto Lino Tumbaco
Alberto Lino Tumbaco, ex juez de Guayas, fue sentenciado a un año y 4 meses de prisión por su “cooperación eficaz” durante el proceso.
Según la Fiscalía, en las declaraciones de Lino, el ex juez acusó al ex asambleísta Pablo Muentes de liderar la organización delictiva para manipular procesos judiciales a cambio de favores y beneficios económicos.
Lino dijo que Muentes influía en las decisiones judiciales, incluyendo la suya, para obtener fallos favorables en diversos casos.
10. Ruth Solano
Ruth Solano, ex procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue sentenciada a un año y 4 meses de prisión por su “cooperación eficaz” durante el proceso.
Según la Fiscalía, Solano transfirió 1.400 dólares a Mayra Salazar, que era asesora de Comunicación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para la remodelación del piso de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a cambio de fallos judiciales favorables.
