Zamora Ch: Proyecto minero Mirador genera nuevas amenazas de desalojo en Tundayme
(GK) El fantasma del desalojo ronda nuevamente en Tundayme, una parroquia rural del sur de la Amazonía ecuatoriana en donde se desarrolla el primer proyecto megaminero del país: Mirador, operado por la empresa de capital chino Ecuacorriente S.A. (ECSA). Desde el 26 de abril de 2022, una nueva familia, conformada por una pareja de ancianos, se suma a las 32 que ya fueron desplazadas entre 2014 y 2021. Además, existe una inminente amenaza de desalojo de la casa comunal de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), conformada por 80 familias, en su mayoría indígenas kichwa que migraron desde los Andes a mediados del siglo pasado.
Las tensiones se intensificaron desde mediados de abril de 2022, cuando los ancianos desalojados —Rosa Sánchez y Aurelio Morocho, de 65 y 73 años respectivamente— recibieron la noticia de la que habían escapado desde los años noventa, cuando los planes de explotación minera fueron interrumpidos por la guerra limítrofe entre Ecuador y Perú. A través de un guardia de la compañía se enteraron de que la empresa solicitaba las 135 hectáreas en las que durante décadas han criado ganado y donde cuidaron una chacra para alimentar y educar a sus ocho hijos. El predio está dentro de la concesión minera. El 19 de abril, la Función Judicial de Ecuador formalizó el proceso de desalojo de la pareja Morocho Sánchez y siete días después, un grupo de policías sacó los enseres de su hogar, antes de desarmar la casa de tablones de madera.
Esto no es lo único que tiene angustiada a la comunidad. A finales de 2021, personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Educación, dueña del predio en donde está la casa comunal, le dio a Cascomi un plazo de 15 días para que desocupara el espacio. La excusa, de acuerdo con Luis Sánchez, líder de la comunidad, era que la Unidad Educativa de la parroquia no estaba en buen estado, por lo que los estudiantes necesitaban las instalaciones que la comunidad había rescatado, ampliado y mantenido desde el 2017.
Unos 25 policías resguardaron el más reciente desalojo en Tundayme que afectó a Aurelio Morocho y Rosa Sánchez, una pareja de ancianos. Fotografía de Cascomi.
En Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, el proyecto megaminero Mirador se abrió campo con despojos y engaños. Para esta pequeña comunidad, la formalización del proyecto se convirtió en una pesadilla en el 2012, cuando el gobierno de Rafael Correa firmó un contrato con la empresa china Ecuacorriente (ECSA) para la explotación de cobre por 25 años. Una década después, los nuevos intentos de desalojo ocurren en medio de la política extractivista del gobierno de Guillermo Lasso, quien a inicios de su periodo, en 2021, anunció el aumento de la explotación petrolera y minera mediante la emisión de los decretos 95 y 151.
Mirador ha generado polémica desde su etapa de planificación. Se trata de una gran mina a cielo abierto ubicada en el nacimiento de la cuenca del río Amazonas. De acuerdo con William Sacher, profesor del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, la contaminación que se genera en este punto se reparte aguas abajo, a lo largo de cientos de kilómetros. La megaminería, explica, implica la liberación al ambiente de metales pesados como arsénico, cadmio y níquel, que provoca la acidificación del agua, afectando a los ecosistemas frágiles de la Amazonía, pero también a las poblaciones ribereñas. Los habitantes de la zona suelen quejarse de que ya no hay peces o que si encuentran algunos, están enfermos.
Esas no son las únicas afectaciones. La deforestación, que se ha incrementado para dar paso a la operación minera, ha provocado la transformación de las cuencas hidrográficas, modificando el comportamiento de los tres ríos intervenidos: Quimi, Tundayme y Wawayme. Esto, a su vez, causa erosión y peligro de inundaciones en las comunidades ribereñas.
A pesar de todos estos impactos, quizás el mayor temor es que se desmoronen las dos relaveras —desechos finales de la minería— del proyecto, que ocupan 900 hectáreas, una superficie que supera el doble del área del Central Park de Nueva York, de acuerdo con datos de Karolien van Teijlingen, geógrafa del colectivo Geografía Crítica que ha trabajado desde hace varios años en la zona.
