Pastaza: La marcha indígena del primer levantamiento desde la Amazonia cumple 29 años
Este martes 11 de mayo 2021 se cumplen 29 años de la primera marcha indígena que partió desde Puyo hacia el Palacio de Carondelet en Quito que significo al entrega de mas de 1 millón de hectáreas a los pueblos indígenas de Pastaza y la Amazonia. El Municipio de Pastaza, por ello decretero mediante ordenanza al 11 de mayo de cada año como el Día de las Nacionalidades
Al recordar esta fecha histórica, reproducimos el video que se grabo en resumen de esta histórica marcha
“Venimos en nombre de todas las vidas de la selva”
29/06/1992
–A+ATras recorrer a pie 500 kilómetros desde la selva amazónica hasta Quito, los indígenas de Pastaza lograron que el gobierno de Rodrigo Borja les adjudicara una parte de las tierras que venían reclamando y en las que han vivido desde tiempos remotos.
Desde los primeros días de abril, los representantes de 148 comunidades agrupadas en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se pusieron en movimiento. En canoa o a pie, atravesando montes y ríos, llegaron a Puyo, la capital de la provincia, donde estaba prevista la concentración. Muchos habían recorrido ya largas distancias, desde la misma frontera con el Perú.
El 11 de abril, día de la partida a Quito, amaneció con mal temporal. Nada raro en esta zona en la que llueve igual o más que en las novelas de Alejo Carpentier. Pero eso no impidió que los 1.200 indígenas, empapados hasta los huesos pero con el ánimo bien en alto, emprendieran la larga caminata, luego de recibir la bendición de Monseñor Víctor Hugo Corral, obispo de Riobamba y fiel sucesor de Monseñor Leonidas Proaño, el Obispo de los Indios”.
La partida, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades, pues el ejército militarizó las carreteras y los puntos claves de acceso a Puyo y un grupo de colonos e indígenas evangélicos protagonizó una manifestación de rechazo alas demandas de la OPIP. Aún así, no se registraron problemas o enfrentamientos, pues la OPIP decidió ignorarlos.
Reforma constitucional y adjudicación de territorios
La caminata pacífica de los pueblos quichua, achuar y shiwiar siguió adelante. Pedían dos cosas: la reforma de la Constitución Política, a fin de que se reconozca el carácter plurinacional y pluricultural del Estado ecuatoriano, y la adjudicación de los territorios que ancestralmente les han pertenecido.
Respecto del primer punto, la Constitución vigente, aprobada en referéndum en 1978, señala en su artículo primero: “El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario’. Los indígenas señalan que ellos conforman el 45% de la población del país (para algunos analistas sólo constituyen el 30%) y que la Constitución, al definir al Estado como un Estado uninacional, desconoce la existencia de las nacionalidades quichua, shuar, achuar, siona, secoya, cofán, huaorani, awa, záparo, chachi, taschila y E’pera. El reconocimiento de estas nacionalidades, según el criterio indígena, no afecta a la unidad del Estado ecuatoriano, pero sí les garantiza los derechos a autodeterminarse ya administrar justicia; a tener un idioma y una educación propios; a manejar los recursos naturales y el medio ambiente, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En cuanto a la segunda petición, la OPIP argumenta que “nuestra propuesta tiene una enorme importancia, porque Pastaza es la última frontera de bosque tropical húmedo en el Ecuador. La mayor parte de las comunidades indígenas aún mantenemos el control físico de nuestros territorios, por lo que la enorme riqueza ecológica está intacta. Esto contrasta con la gran devastación cultural y ecológica que ha ocurrido en otras provincias amazónicas, como resultado de la masiva colonización y de los programas de “desarrollo” petrolero y agropecuario de los gobiernos del pasado y el presente. ‘En nuestros territorios tenemos la posibilidad de aplicar formas sostenidas de manejo de recursos naturales y conservación que sean también congruentes con nuestro desarrollo económico y social”.
Solidaridad indígena y mestiza
Desde el comienzo, llamó la atención la disciplina y la organización de los marchantes, quienes conformaron pequeños grupos para facilitar el control y la alimentación. Comisiones de seguridad, logística, comunicaciones y salud se empeñaban en cumplir cabalmente con las tareas asignadas por la dirigencia.
El gobierno ofreció ayuda, pero los indígenas la rechazaron; en varias ocasiones expresaron a los funcionarios del Estado que lo único que deseaban era la atención a sus demandas.
A su paso por los diferentes poblados del Oriente y al enfilar hacia la serranía, los amazónicos fueron recibiendo innumerables muestras de solidaridad, apoyo material y comprensión hacia sus planteamientos, que eran difundidos mediante hojas volantes y altoparlantes. En ciudades grandes como Ambato y Latacunga el recibimiento fue apoteósico y contrastó con la indiferencia ciudadana hacia la campaña electoral del 17 de mayo.
La población mestiza se hizo presente con contribuciones económicas y alimentos. Los niños de las escuelas, correctamente uniformados, salían a la carretera a mirar con curiosidad el paso de los indígenas, quienes venían con carteles, vistosas coronas de plumas de huacamayo, lanzas, tambores de la selva, cuernos, pitos de cerámica y flautas.
Desde las diversas provincias serranas con población indígena, varios grupos se movilizaron para expresar el apoyo a la causa de los amazónicos. Saraguros, salasacas, chibuleos y quichuas se sumaron a la marcha, que en ciertos tramos alcanzó la cifra de los 3000 o 4000 participantes. Muchas comunidades les apoyaron con papas, choclos y otros alimentos, que eran cocidos y ofrecidos a los fatigados caminantes en los tambos o lugares de descanso.
En Quito, la negociación
La gran cobertura que dio la prensa nacional e internacional a la marcha creó expectativas en la ciudadanía, especialmente de Quito. El 23 de abril grupos de cristianos, de estudiantes, de ecologistas y de pobladores salieron a recibir a los indígenas y les entregaron rosas y refrescos. El gobierno desplegó un innecesario operativo de seguridad, acordonando con numerosos efectivos policiales y carros antimotines el Palacio de Gobierno. Los indígenas, luego de rendir un homenaje a Jumandi, líder amazónico descuartizado por los españoles en la Plaza de San Blas, se concentraron en la colonial Plaza de San Francisco, a pocos metros del Palacio de Gobierno.
A las 11 de la mañana, los dirigentes de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE y de la OPIP fueron recibidos por el presidente de la República, cinco de sus ministros de Estado, la cúpula de las Fuerzas Armadas y ejecutivos del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
“No queremos engrosar las filas de la miseria, la delincuencia o la desocupación; queremos una vida digna y por eso hemos venido a reclamar el derecho a nuestro territorio, dijo Valerio Grefa, presidente de la CONFENIAE. Uno a uno, en sus propios idiomas, los representantes indígenas fueron exponiendo sus puntos de vista. “Venimos a hablar en nombre de todas las vidas de la selva, pero sobre todo de aquellas que no están más, seres de las aguas, los yacurunas, de la selva, los sacharunas, de la fecundidad, de las siembras, de las cosechas, de la abundancia y de la medicina.” El presidente Borja, luego de destacar que ningún gobierno había hecho tanto por los indígenas, ofreció que las tierras serían entregadas a las comunidades indígenas en un plazo de 12 a 15 días, luego de que se efectuaran los estudios cartográficos; respecto a la reforma constitucional, replicó que ésta dependía del Congreso.
La Presidencia cambió el discurso y dio apertura a las demandas de la OPIP, en contraste con lo sucedido el 22 de agosto de 1990, tres meses después del levantamiento indígena; en aquella fecha, la OPIP presentó un documento que planteaba el reconocimiento a sus territorios. El presidente, sin siquiera estudiarlo, respondió ese mismo día que ‘el documento presentado es inaceptable, pues rompe la Constitución e intenta crear un Estado paralelo donde no rijan las leyes y las autoridades ecuatorianas’. Este hecho coincidió con una campaña orquestada por los hacendados, las Fuerzas Armadas y la prensa, en la que se acusaba al movimiento indígena de tener intenciones separatistas y de estar infiltrado por agitadores de extrema izquierda y activistas internacionales.
Palabras no, adjudicación del territorio
Conociendo estos antecedentes, esta vez los indígenas no se conformaron con la palabra del presidente y dijeron enfáticamente que no se ¡rían de Quito sin los títulos de propiedad en la mano. Durante veinte días esperaron en el parque El Ejido, donde acamparon y se pusieron en contacto con el medio urbano. Fueron al Congreso y ante los pocos diputados asistentes al Plenario de las Comisiones Legislativas, plantearon su aspiración de reformar la Constitución. El presidente encargado del parlamento, el socialista Manuel Salgado, ofreció convocar a un período extraordinario de sesiones en junio para tratar el tema, luego de finalizada la campaña electoral.
Como resultado de la movilización, el gobierno adjudicó 1115.574 hectáreas a más de 100 comunidades; creó una zona de seguridad de 40 km. en la zona fronteriza con el Perú, que estará bajo el control de las Fuerzas Armadas; y anunció la ampliación del Parque Nacional Yasuní en 270.000 hectáreas, para compensar el recorte que sufrió esta reserva cuando se adjudicó la tierra a los huaoranis. Los recursos del subsuelo seguirán siendo administrados por el Estado, y éste se reserva el derecho a construir carreteras, cuando lo considere necesario.
El anuncio gubernamental satisfizo a medias a los indios, quienes consideraron que la franja de seguridad es demasiado extensa y recorta una buena parte de sus territorios. Además, reclamaron para sí el manejo de la reserva Yasuní, pues consideran que los parques nacionales administrados por el Estado han permitido el ingreso de colonos e incluso de las transnacionales petroleras y madereras.
Los hacendados, agrupados en las cámaras de agricultura, criticaron la decisión presidencial de entregar las tierras a los indígenas de Pastaza. La Federación de Desarrollo Campesino de Pastaza, FEDECAP, que agrupa a colonos e indígenas evangélicos, también se opuso y organizó manifestaciones y la paralización de carreteras.
Pese a las objeciones presentadas, el movimiento indígena de Pastaza aceptó finalmente las adjudicaciones, pero hasta el 13 de mayo esperaba que el Gobierno entregara los títulos para poder regresar a su selva, una vez cumplida su misión.
Eduardo Tamayo G.
Director del Semanario Punto de Vista (Quito-Ecuador)
LEVANTAMIENTO INDIGENA
La revista especializada argentina Marcha, al rememorar los 25 años DEL PRIMER LEVANTAMIENTO INDIGENA dedicó un amplio espacio a este acontecimiento para mostrar al mundo la realidad del pueblo indígena ecuatoriano:
Ecuador: 25 años del primer levantamiento indígena
Por Adriana Rodríguez Caguana
Hace 25 años sucedió el primer levantamiento indígena del Continente del siglo XX en el Ecuador, el cual sacudió los vestigios coloniales de los Estados de la región que habían anunciado junto al rey de España el festejo por los 500 años del supuesto “Encuentro de dos mundos”. El levantamiento ocurrió meses después de haberse producido la caída del muro de Berlín y de haberse impuesto la política neoliberal que había empobrecido a casi la totalidad del país. El nivel de pobreza aumentó hasta en un 80% en varios sectores de la sierra y de la costa.
Este contexto y el incumplimiento de los acuerdos prometidos por el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja llevaron a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a convocar la V Asamblea Nacional para definir las futuras movilizaciones. Se estableció como fechas de inicio del levantamiento los días 4, 5 y 6 de junio de 1990 bajo el título, “Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas”. Sin embargo, el 28 de mayo, antes de las fechas señaladas, centenares de indígenas tomaron la Iglesia de Santo Domingo de Quito. Una toma que tiene una composición simbólica, porque demuestra el proceso de subjetividad anticolonial que permanecía en la memoria de los pueblos indígenas del Ecuador. Entre las resoluciones que marcaron la línea ideológica del levantamiento se encontraban: rechazar las políticas del FMI, reivindicar la oficialización de las lenguas de las nacionalidades indígenas del Ecuador a través de una reforma constitucional, respaldar la campaña por los 500 años de resistencia contra el festejo colonialista del “Encuentro de dos mundos”, exigir la suspensión de los desplazamientos territoriales en la Amazonía, y solicitar la expulsión definitiva de instituciones evangélicas, como el Instituto Lingüístico de Verano. Vale recalcar que la situación de los derechos territoriales indígenas era dramática, esto pese a las reformas agrarias que se habían realizado previamente en 1964 y en 1973. El empobrecimiento y los desplazamientos siguieron siendo una constante en las comunidades, situación que se volvió insostenible en la década del noventa.
Entre el 4 y el 6 de junio los pueblos indígenas bajaron por miles de las montañas de los Andes y subieron de las selvas para cerrar las carreteras de la sierra y de la costa; los mercados fueron desabastecidos en las urbes. Los mestizos se daban cuenta, por fin, que quienes los alimentaban eran los rostros empobrecidos de los páramos, quienes tenían apenas un 10% del territorio productivo y abastecían a casi la totalidad del mercado local. Hubo solidaridad entre los trabajadores, los desempleados, los estudiantes y los sectores medios que llegaron hasta la Iglesia con alimentos y pancartas en señal de respaldo. Incluso en la ciudad de Guayaquil las organizaciones de derechos humanos fueron hasta la Iglesia de San Francisco para manifestar su adhesión al movimiento. La toma de las Iglesias, como dispositivos que inauguraban la revuelta, fue también producto de una nueva concepción teológica de los curas tercermundistas que respaldaban los reclamos de las comunidades.
Durante esos días, la CONAIE realizó multitudinarias reuniones en las ciudades de Ambato, Riobamba, Latacunga, Guaranda, llegando a reunir hasta 30.000 personas en las concentraciones. Las provincias de la sierra, Pichincha, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Chimborazo y Loja, fueron las más conmocionadas. Cayambe también fue otro de los epicentros de enfrentamientos con la policía por la detención de varios de sus dirigentes. Para ese entonces todavía existían haciendas que oprimían la fuerza del trabajo indígena, motivo por el cual se levantó también la consigna “Ni una hacienda para 1992”, fecha en la que se cumplían los 500 años de invasión española. Esta consigna, junto a la de “500 años de resistencia”, evocaba la necesidad de un resarcimiento histórico por parte del Estado que mantenía vestigios coloniales.
Las clases oligárquicas y racistas del país vivieron un ciclo de “terror”; no dejaron de manifestarse en los diarios y en la prensa como “víctimas de la violencia indígena”. El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona denunció que los sublevados habían vaciado los comercios y habían puesto a cocinar a las mujeres hacendadas en el Chimborazo. Tal vez esos hechos ocurrieron efectivamente, como una minúscula venganza (diría de tipo educativa) por el trabajo doméstico, casi siervo, de las mujeres indígenas en las haciendas, el cual pocas veces era remunerado. En todo caso, una serie de acontecimientos ocurrieron dentro de la movilización que nos demuestra el poder de las resignificaciones sociales y culturales, producto también del pensamiento intelectual indígena: cantar el himno nacional en quichua, la resemantización de palabras que habían sido destinadas a estigmatizar, como “runa” o indio, hacer que las mujeres hacendadas cocinaran, tomar las iglesias y celebrar misas para bendecir la movilización. Todo esto configura lo que Homi Bhabha llama el derecho a resignificar; es decir, a cambiar los significados que fueron durante años símbolos de opresión. Este derecho no es aislado, sino que está inmerso en los demás derechos colectivos: territoriales, educativos y lingüísticos, que están estipulados en el Convenio 169 de la OIT desde 1989.
El gobierno de la Izquierda Democrática aceptó establecer un canal de diálogo el 6 de junio, pero el mismo fue desestimado días después por la represión que sufrieron varios dirigentes sublevados. La toma de la Iglesia finalizó el 7 de junio y en julio se celebró en Quito el Primer Encuentro Continental de los Pueblos Indios, que dio como resultado La Declaración de Quito. Primer instrumento jurídico internacional y descolonizador firmado por los delegados indígenas del Continente. Cuatro años después salió a la luz el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, y en 1999 ocurrió la Revolución del Agua en Bolivia. La década del noventa fue fecunda de movilizaciones indígenas que rechazaban la globalización, la que absorbe las diferencias culturales y económicas para vomitar hegemonía capitalista, a veces disfrazada de multiculturalismo.
Hoy, después de 25 años de haberse producido el levantamiento, las demandas de los pueblos indígenas del Ecuador siguen vigentes. El gobierno actual ha establecido un modelo de desarrollo extractivista que vulnera los derechos de consulta y participación de las comunidades. La CONAIE retomó las alianzas con los sectores clasistas para defenderse de la envestida desarrollista, continuadora de la globalización. Sin embargo, evidentemente las constantes tensiones con el poder ha afectado a la organización, la cual se encuentra en constate transformación y reflexión sobre su futuro organizativo. Entonces la consigna se mantiene y se actualiza: “525 años de resistencia” pero no solamente resistiendo, sino también construyendo el sueño de que otro mundo, diverso y anticapitalista, es posible.»
