Menos de tres años después de salir de la cárcel por una condena de corrupción que lastraba su carrera política, Luiz Inácio Lula da Silva fue electo este domingo por tercera vez como presidente de Brasil.

Su victoria y, de hecho, su participación en los comicios no habría sido posible si no hubiera sido porque la sentencia en su contra fue anulada.

¿Cómo ocurrió esto?

En noviembre de 2019, tras pasar 580 días en prisión y no poder participar en las elecciones presidenciales de 2018, la justicia brasileña le revocó al ahora presidente electo las condenas que había recibido por la llamada Operación Lava Jato.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó estas condenas al entender que a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro.

En 2019, Moro fue nombrado Ministro de Justicia por el ganador de los comicios de 2018, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien este domingo resultó derrotado por Lula en el balotaje de las elecciones presidenciales.

Desde que fue liberado, Lula ha citado el levantamiento de sus condenas como prueba de su inocencia y ha afirmado que fue perseguido durante el Lava Jato.

«Estaba seguro de que llegaría este día. El día llegó con el voto de (el ministro del STF, Edson) Fachin, de reconocer que nunca hubo un delito cometido por mí, de reconocer que nunca tuve ningún tipo de participación en Petrobras. Todo el sufrimiento que pasé se acabó», dijo el año pasado el expresidente.

Lula se refería a la decisión del juez del supremo Edson Fachin de anular los procesos juzgados por Moro en Curitiba, para que fueran juzgados por otro juez en Brasilia.

Fachin entendió que el Ministerio Público (MP) no había demostrado que la petrolera estatal Petrobras estuviera involucrada en los presuntos delitos de Lula, requisito necesario para que el caso fuera juzgado en el tribunal de Moro en Curitiba.

Esa decisión fue confirmada por la Segunda Sala del STF, que luego también juzgó que Moro había sido parcial en los casos contra el líder de PT, lo que reforzó la anulación de las condenas.

Pero los críticos del expresidente afirman que, como los procesos fueron anulados por razones técnicas, no se probó la inocencia de Lula.

El presidente Bolsonaro incluso se refiere a menudo a su rival como el «descondenado».

«Cuando el STF anuló el caso de Lula mucha gente empezó a decir que estaba absuelto, cuando no lo estaba», dijo el exfiscal del Lava Jato Deltan Dallagnol, en un video compartido en julio en sus redes sociales.

«Tres tribunales de primera, segunda y tercera instancia, jueces independientes, más los ministerios públicos que actuaban ante estas instancias de forma independiente, entendieron que había pruebas contundentes, no solo de corrupción, sino también de lavado de dinero», afirmó.

«El Supremo no exoneró a Lula. No dijo que no había pruebas. No entró en el fondo del asunto» señaló Dallagnol, quien el pasado 2 de octubre fue electo como diputado federal.

«Nuestro sistema de justicia fue diseñado para garantizar la impunidad de los poderosos que roban a nuestro país. Esa es la verdad», denunció.

¿Cuáles fueron las principales acusaciones contra Lula? ¿Por qué se anularon sus condenas? y ¿Fue Lula absuelto por la Justicia?

Pero antes de abordar estos tres puntos es importante comprender el principio de presunción de inocencia, previsto en la Constitución brasileña.

De acuerdo con este principio, toda persona es considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio legal.

Es por esto que, con la anulación de los procesos contra Lula, recuperó su condición de inocente ante los tribunales.

La opinión pública sigue muy dividida sobre este tema. Una encuesta de junio de la consultora Quaest mostró que el 48% de los votantes cree que Lula fue condenado correctamente, frente al 43% que opina lo contrario.

Los juicios contra Lula

El exmandatario enfrentó una serie de acusaciones durante la Operación Lava Jato. Hoy todos los casos llevados ante la Justicia están cerrados o fueron suspendidos.

En términos generales, los procesos concluyeron de dos formas: en algunos, Lula fue absuelto (es decir, la Justicia consideró que no había pruebas de que hubiera cometido delitos); en otros, las condenas fueron anuladas porque se desconocieron los derechos del líder del PT.

Uno de los casos en los que fue absuelto, por ejemplo, fue el proceso conocido como «Quadrilhão do PT», en el que Lula, la expresidenta Dilma Rousseff y otros miembros del PT fueron acusados de formar una asociación criminal.

«La denuncia presentada, en efecto, refleja un intento de criminalizar la actividad política», escribió el juez Marcus Vinicius Reis Bastos, del 12º Tribunal Federal de Brasilia, en la sentencia que absolvió a los acusados.

Sin embargo, en la mayoría de los casos contra Lula en el Lava Jato los procesos fueron anulados o interrumpidos porque la Justicia entendió que se habían cometido ilegalidades contra el expresidente.

En estos casos no hubo un análisis de fondo de las acusaciones para decidir si eran verdaderas o falsas, porque no es posible realizar un proceso en el que se vulneran los derechos de los imputados.

Así ocurrió, por ejemplo, en las dos denuncias más conocidas contra Lula: la del tríplex en Guarujá y la de la finca en Atibaia.

En la primera, el exmandatario fue acusado de haber aceptado que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de São Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petrobras.

En la segunda, Lula fue acusado de beneficiarse de obras realizadas por OAS y Odebrecht en una finca en Atibaia, en el interior de São Paulo, que pertenecía a un amigo suyo y que el expresidente frecuentaba con su familia.

También en este caso, los investigadores del Lava Jato dijeron que estas mejoras fueron financiadas con dinero desviado de la petrolera estatal.

¿Qué dijo Lula?

En ambos casos, la defensa de Lula argumentó que las dos propiedades nunca le pertenecieron.

Los abogados también afirmaron que no había pruebas de que las obras se pagaran con dinero malversado de Petrobras.

En el caso del tríplex de Guarujá, el exmandatario había comprado con su entonces esposa, Marisa Letícia, un apartamento de dos habitaciones en el mismo edificio donde estaba el tríplex. Pero la cooperativa que iba a construir la obra quebró y OAS se hizo cargo del trabajo.

Fue después de este cambio que el tríplex se habría reservado para Lula en lugar del apartamento de dos habitaciones. Él y Marisa Leticia incluso visitaron la propiedad para ver los trabajos realizados por OAS.

En opinión de la fiscalía, el apartamento estaba siendo personalizado para la pareja y no había sido transferido formalmente a nombre de Lula como una forma de ocultar el crimen.

La defensa de Lula dijo que OAS estaba tratando de vender el tríplex al expresidente y que la pareja visitó el apartamento para evaluar su compra, pero terminaron declinando la oferta.

Lula y sus abogados también sostuvieron que las acusaciones fueron el resultado de una persecución contra el líder del PT, con el apoyo de parte de la prensa brasileña, para sacarlo de la vida política.

En ambos casos, Lula fue declarado culpable por el entonces juez Moro, quien lo condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Las dos condenas fueron posteriormente confirmadas por el Tribunal Regional Federal de la 4ª región. En el caso del tríplex, esto ocurrió en 2018, lo que hizo que Lula quedara inelegible en esa elección.

También fue detenido ese año, ya que el STF autorizó que se le aplique la prisión preventiva.

¿Por qué se anularon los casos juzgados por Moro?

El STF entendió, en marzo de 2021, que estos casos no deberían haber sido procesados en los tribunales de Curitiba (donde trabajaba Moro), ya que existe una norma en el derecho penal brasileño que determina que un proceso penal debe tener lugar en el tribunal del lugar donde ocurrió el presunto delito.

Poco después, el tribunal también dictaminó que Moro no había juzgado a Lula con imparcialidad.

Con esas dos decisiones las condenas fueron consideradas nulas, pero se decidió que Lula enfrentara nuevos procesos en la Justicia de Brasilia.

Sin embargo, esta vuelta al punto de partida hizo que prescribieran los casos, ya que venció el plazo establecido en la legislación penal para condenar a alguien por esos delitos.

En otras palabras, Lula ya no puede ser juzgado por el tríplex y la finca Atibaia.

Para la profesora de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y abogada de la República Silvana Batini, quien trabajó en los casos Lava Jato en Río de Janeiro, fue un error no haber adoptado criterios más objetivos para delimitar la competencia de los casos Lava Jato al inicio del proceso.

«Cuando (Lava Jato) empezó, era la primera vez que lidiabas con una mecánica tan vasta de hechos encadenados. Entonces, podías tener una interpretación muy extensa de la competencia técnica, que hacía del juez de Curitiba casi un juez universal.», le dijo a BBC News Brasil.

«Después, cuando la Corte Suprema vino a ponerle freno, lo hizo bajo un criterio que no existía en la ley. Dijo: ‘Mira, (queda en la Corte de) Curitiba, solo lo que es Petrobras’. No hay competencia en función de la víctima. Entonces, todo esto generó una inseguridad jurídica».

El impacto de Vaza Jato

Detrás de la decisión de Fachin de retirar los procesos contra Lula de Curitiba estaba el contexto del debilitamiento del Lava Jato.

En 2019, la serie de reportajes Vaza Jato, del portal Intercept Brasil, reveló supuestos diálogos privados del grupo de trabajo de la operación, incluidas conversaciones entre el fiscal Deltan Dallagnol y Sergio Moro, que indicaban una especie de colusión por parte del Ministerio Público y el entonces juez en los casos contra Lula y otros acusados.

Estos diálogos mostraron, por ejemplo, que Moro habría sugerido a los fiscales escuchar a un testigo que podía incriminar al líder del PT.

Fue en ese contexto que cobró fuerza el viejo alegato de defensa de Lula para que Moro fuera investigado por los procesos que llevó a cabo antes de dejar el poder judicial para convertirse en ministro del gobierno de Bolsonaro.

Con el desgaste creciente del Lava Jato, crecían las expectativas de que Moro fuera declarado parcial en el proceso contra Lula.

Lo que se dice tras bambalinas en Brasilia es que Fachin quería evitar que Moro fuera declarado sospechoso y, por eso, decidió aceptar el pedido de la defensa de retirar los procesos del tribunal de Curitiba.

De hecho, el ministro argumentó en su decisión que, tras pasar los casos a otro tribunal, ya no tenía sentido juzgar si Moro había sido parcial o no.

La preocupación de Fachin habría sido evitar que las sospechas que pesaban contra el exjuez tuvieran el efecto más amplio de anular no sólo las condenas, sino todas las investigaciones contra Lula realizadas en el tribunal de Curitiba.

La mayoría del STF, sin embargo, no estuvo de acuerdo con Fachin y, con eso, la Segunda Sala analizó las sospechas contra Moro y declaró que había sido parcial contra Lula, provocando la anulación de todas las investigaciones.

Entonces ¿fue exonerado Lula?

Según Gustavo Badaró, abogado y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de São Paulo (USP), con la anulación de la condena de Lula, éste «es tan inocente como quien nunca ha sido procesado«.

En su opinión, sin embargo, no sería apropiado, en lenguaje sencillo, decir que Lula fue absuelto en los casos del tríplex y la finca.

«Al decir ‘Lula fue absuelto por el Supremo Tribunal Federal’, parece que estás dando a entender que el Supremo le dio un certificado de idoneidad a la persona. A mí me parece que da una idea de que el Poder Judicial declaró la absolución», dijo.

Para Davi Tangerino, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), no tiene sentido preguntarse si Lula fue absuelto o no, una vez que el proceso fue declarado nulo.

«Para que alguien sea exonerado o condenado, existe la presunción lógica de que ha sido juzgado, entre otras cosas, por un juez imparcial. Tras la declaración del Supremo de la parcialidad de Moro, el binomio condenado o inocente ya no tiene sentido porque presupone una denuncia recibida por un juez competente e imparcial, un juicio y la aprobación de una sentencia», argumenta.

«Cuando quitas de esta ecuación al juez parcial, desaparece el binomio condenado o exonerado, y entonces ¿qué sigue rigiendo? La presunción de inocencia«, reforzó.