Pastaza: Ex juez sostiene que Maribel Barreno debe reincorporarse a sus funciones de Fiscal en sus jurisdicción provincial

PARA EL EX JUEZ DE PASTAZA JHON ALAVA LA DRA. MARIBEL BARRENO (QUIEN EN COMISION DE SERVICIO LABORA EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUITO) DEBE VOLVER A SUS FUNCIONES DE FISCAL EN SU JURISDICCIÓN DE PASTAZA.

Jhon Alava indicó que desde el ámbito jurídico no hay causa para que haya presentado la solicitud de acción de protección porque no se ha vulnerado ninguno de los derechos por lo que esa instancia estaría mal planteada. El domingo se realizó el sorteo en el Consejo de la judicatura de Pastaza que recayó en la hermana de la Dra. Barreno por lo que ella se excuso y se hizo un nuevo sorteo para conocer la causa de la acción de protección planteada por Maribel Barreno y que la Fiscal General planteo recusación al juez que lo recepto por cuanto Barreno presento por flagrancia y ahora la causa recayó en la jueza Laura Cecilia Cabrera.

Al terminar la comisión de servicios de 4 años simplemente Barreno debía incorporarse a sus funciones en Pastaza reiteró Alava

La Fiscalía solicitó a Ruth Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, que regrese a su puesto de fiscal en Pastaza.

La funcionaria se niega a hacerlo. Ruth Barreno es funcionaria de carrera de la Fiscalía, en Pastaza. Pero, en enero de 2019 fue seleccionada como vocal de la Judicatura. En ese entonces, la fiscal encargada, Ruth Palacios, le autorizó a que trabaje en esa entidad por los cinco años que dura su período. En el servicio público ecuatoriano esta figura se conoce como comisión de servicios sin remuneración. Este será el ingreso real de un trabajador, tras el alza al salario básico Sin embargo, a finales de noviembre de 2021, la Fiscalía resolvió revocar la comisión y solicitar a Barreno que se reintegre a su cargo. Según la Fiscalía, esta decisión se basa en un informe de Talento Humano. Ese documento establece que, debido al déficit de agentes fiscales que existe en la entidad, es necesario contar con todo el personal de carrera a disposición. De acuerdo a los datos que maneja la Fiscalía, en el país hay 828 agentes fiscales. Eso representa una tasa de 4,70 fiscales por cada 100.00 habitantes y un déficit de 573 agentes. La tasa recomendada para Latinoamérica es de ocho fiscales por cada 100.000 personas. Y en el mundo la tasa es de 12 agentes. En lugar de avanzar, Ecuador ha ido retrocediendo en este tema. En 2018, la tasa era de 5,01 y en 2020 se redujo a 4,70.

A los tribunales La decisión de la Fiscalía de regresar a Barreno a su puesto, no fue acogida satisfactoriamente por la funcionaria. Barreno interpuso una acción de protección en contra de Diana Salazar, como titular de la Fiscalía. El caso recayó en el despacho de Mauricio Villarroel, juez de la Unidad Judicial Penal de Pastaza. La acción fue calificada por Villarroel y convocó a la audiencia para su trámite, el 9 de diciembre de 2021. Pero, hasta que el caso se subsane, emitió una medida cautelar a favor de Barreno. “La suspensión inmediata y provisional de los efectos que produjera la acción de personal No. 4007 DTH-FGE de 03 de diciembre de 2021, mediante la cual se da por terminada la comisión de servicios sin remuneración de la accionante Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, hasta que se resuelva la presente Acción de Protección”, dispuso Villarroel. Pero, el 9 de diciembre no pudo realizarse la audiencia. El juez de Pastaza fue recusado por la fiscal Diana Salazar. Según la Fiscalía, se presumen inconsistencias en el sorteo de la causa. Por esta razón, también pidió a la Judicatura que investigue. Entonces, la audiencia se difirió hasta que se resuelva la recusación. Mientras tanto, estará vigente la medida cautelar y Barreno se mantendrá en la Judicatura. Un nuevo encontrón Fiscalía – Judicatura Esta no es la primera vez que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura se enfrentan por problemas relacionados con la insuficiencia de fiscales, la autonomía de la primera entidad y las comisiones de servicio.

En mayo de 2019, la Judicatura -ya con Barreno en su conformación- resolvió quitar a la Fiscalía la competencia para autorizar y terminar las comisiones de servicio de sus funcionarios. Esto generó un reclamo de la fiscal General, Diana Salazar, quien calificó el retiro de esa facultad como un “atentado a la autonomía” de la Fiscalía. Además de las comisiones de servicio, esa resolución de la Judicatura quitó al Ministerio Público la posibilidad de convocar a concursos de merecimientos y oposición para nombrar fiscales, así como removerlos. Luego de la queja de Salazar, la Judicatura modificó su decisión y devolvió a la Fiscalía la potestad sobre las comisiones de servicio. Pero mantuvo en su poder la competencia de nombrar y remover fiscales. Esto, a decir de la fiscal Salazar, ha maniatado a la Fiscalía en su objetivo de reducir el déficit de agentes porque depende de la Judicatura para llenar vacantes. Por ejemplo, el último concurso para seleccionar 23 fiscales provinciales concluyó en 2016. En mayo de 2018, se inició el proceso para elegir a sus reemplazos. Pero el concurso se suspendió y no se ha reanudado. Por lo que las fiscalías provinciales están encargadas por más de tres años.

Por ejemplo, el último concurso para seleccionar 23 fiscales provinciales concluyó en 2016. En mayo de 2018, se inició el proceso para elegir a sus reemplazos. Pero el concurso se suspendió y no se ha reanudado. Por lo que las fiscalías provinciales están encargadas por más de tres años.

Además, según la Fiscalía, en 2020 el Consejo de la Judicatura designó solo a ocho agentes fiscales. (primicias.com)