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Diario Digital Amazónico, desde 13 julio 2017

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Sucumbios: niegan pedido de demanda por derrame petrolero

El tribunal provincial de Ecuador negó este martes la demanda de acción de protección presentada por asociaciones civiles y víctimas de un derrame de crudo ocurrido en abril en la Amazonía ecuatoriana.

juez de la Unidad Competente Penal, Jaime Oña Mayorga, «inadmitió» la demanda, que solicitaba la adopción de medidas cautelares para proteger a las víctimas del vertido, e indicó que a los afectados les asisten otras vías como la administrativa o la penal.

La vía no procede

«Ha dicho que esta vía no procede, por tanto, ha negado la demanda», expresó a Efe la abogada María Espinosa.

Ella lleva el caso en representación de Amazon Frontlines, miembro de la alianza de organizaciones demandantes.

La letrada lamentó que, en su dictámen, el juez «ha hecho un pronunciamiento nulo sobre los derechos constitucionales y humanos comprometidos».

Y avanzó que la resolución será apelada y que no se plantean recurrir a otras vías que no sean la constitucional o, llegado el caso, la internacional.

Análisis de la sentencia

En su análisis de la sentencia, que fue emitida en español y posteriormente traducida al kichwa, Espinosa consideró que faltó una visión que tuviera en cuenta la «pluriculturalidad» del suceso, que afectó las vidas de 27.000 personas, en su gran mayoría indígenas.

«A día de hoy siguen impactadas por un derrame de petróleo que pudo evitarse», opinó Espinosa y achacó una «falta de atención oportuna, inmediata y célere por parte de las compañías y del Estado».

Vías fluviales contaminadas

El vertido se remonta al pasado 7 de abril, cuando se produjo la rotura de tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonía, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana.

Como consecuencia de un corrimiento de tierra en una región altamente sísmica y erosionada entre las provincias de Orellana y Sucumbíos.

La demanda fue interpuesta contra las empresas operadoras del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Además de los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública y a la Procuraduría del Estado.

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